Medición de calidad en los procesos judiciales del sistema penal acusatorio colombiano
| Autor | David Hernández García |
| Cargo | Doctor en Ciencias de las Organizaciones y del Trabajo de la Universidad de Barcelona |
| Páginas | 165-197 |
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La "calidad", definida como el "conjunto de características inherentes a un producto o servicio que permiten auna organización el cumplimiento de los requisitos especificados y la satisfacción de las expectativas generadas por los clientes y usuarios"1, se concreta mediante la capacidad de las organizaciones para identificar y cumplir con tales especificaciones. En ese contexto, son comunes los esfuerzos nacionales e internacionales de múltiples organismos, públicos y privados, por definir, implementar y evaluar sistemáticamente estándares que detallen los criterios determinantes de la calidad; tarea en la que las organizaciones industriales han tomado la delantera. No obstante, es paradójico que precisamente en los sectores de servicios públicos y sociales, en los que constantemente se hacen llamados al mejoramiento de la calidad y la eficiencia, aún el tema de la normalización en calidad (definición de estándares2 y mecanismos de medición) siga siendo mínimo en comparación con los sectores productivos.
La preocupación por la calidad de las organizaciones públicas no es un fenómeno novedoso en áreas como la educación, la salud o los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, solo en años recientes dicha preocupación se ha extendido hasta llegar a organizaciones que tradicionalmente se habían mantenido al margen de esta problemática, como es el caso de la administración de justicia. La implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la Justicia nos presenta un nuevo panorama de análisis, que constituye un reto.
En este punto, y de manera especial cuando estamos frente a un contexto de desarrollo del sector judicial en el cual se vienen posicionando
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esquemas diferentes de prestación del servicio (p.e. justicia oral) y se cuenta con una amplia preocupación internacional por el papel de la justicia en el contexto colombiano, se consideró necesaria la identificación y validación técnica de los criterios básicos de calidad de los procesos judiciales; trabajo en el que, sin lugar a dudas, debían interactuar las entidades del sector judicial y la Academia. El apoyo de la cooperación internacional, tanto financiera como técnica, constituye un aporte muy valioso para esa interacción.
En ese sentido, y considerando que en Colombia existe un número importante de juzgados de la especialidad penal, que vienen introduciendo el sistema oral, se consideró pertinente y novedoso iniciar la definición de estándares de calidad en el marco del recientemente implementado Sistema Penal Acusatorio; y más aun cuando la última reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en Colombia fijó como línea de futuro la implementación de la oralidad para todas las especialidades, lo que implica que los resultados de estos estándares tendrán efecto en las restantes especialidades que entren en el sistema oral.
Así mismo, el proyecto coincide con el interés de la Sala Administrativa por actualizar los Acuerdos de Evaluación de Carrera Judicial, los cuales, con particular énfasis en la evaluación de los jueces, incluyen un factor de calidad de la tramitación de un proceso judicial, el cual es muy disímil entre un sistema oral y un sistema escrito. Esto se suma, además, al hecho de que ha sido aprobada la ley para implantar la oralidad en los procesos laborales, y en 2007 comenzó a ser aplicada en los procesos disciplinarios contra abogados litigantes (Estatuto de la Abogacía).
En esta línea, formular un estándar e índice para la medición de la calidad de los procesos judiciales en Colombia en el marco del Sistema Penal Acusatorio se convierte en un reto que implica ceñirse a los principios básicos de la normalización, entendida esta como la actividad que establece disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado y que consta de actividades de formulación, publicación e implementación de normas.
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Para esto se concibió un proyecto que debía involucrar a representantes significativos tanto del sector judicial (magistrados, jueces y servidores judiciales) como del ámbito académico con experiencia en normalización (profesores, consultores e investigadores universitarios) y que derivaría en una serie de documentos e instrumentos, debidamente validados, para un posible uso futuro en el sector Justicia.
Atendiendo esta necesidad, la Universidad de Antioquia, a través de su Facultad de Ingeniería, USAID, a través de la Universidad Internacional de la Florida, y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura llevaron a cabo durante dos años el proyecto "Diseño, validación e implementación del estándar e índice para la medición de la calidad de los procesos judiciales en Colombia en el marco del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)".
Este proyecto, que contó con la financiación del Fondo de Subvenciones para Proyectos en Justicia -PROJUS-, la coordinación de la Universidad de Antioquia y la participación directa de un amplio grupo de magistrados, jueces y servidores judiciales del país, le aporta a la Rama Judicial valiosas herramientas de monitoreo de la calidad en el ámbito penal, entre las que se pueden señalar un instructivo, un formulario y un índice que permitirá una evaluación más objetiva del funcionamiento de estos procesos en el país.
Este artículo pretende dar cuenta de este proceso, de sus resultados, implicaciones y limitaciones, y busca que los lectores tomen en consideración estos hallazgos en futuras aplicaciones o adaptaciones de estos instrumentos, los cuales se ponen a disposición del sector judicial como una herramienta confiable y objetiva para el mejoramiento de su gestión y la formación de magistrados y jueces.
Con el objetivo de diseñar, validar e implementar un estándar y su índice asociado para la medición de la calidad de los procesos judiciales en Colombia en el marco del Sistema Penal Acusatorio, la investigación buscó dar respuesta a las necesidades de medición objetiva del sector y,
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al mismo tiempo, proporcionar una herramienta específica, que no solo se aplique a la medición particular de la calidad, sino que le permita valorar comparativamente su gestión a través del tiempo, generando oportunidades de mejora continua.
La primera fase del proyecto incluyó, entre otras actividades, la identificación de los principios básicos de la gestión de los procesos judiciales en el Sistema Penal Acusatorio y los atributos deseables de estos, la especificación, con criterios objetivos y medibles, de los atributos (factores de medición) de los procesos penales y la elaboración de un instructivo (estándar), un formulario y una matriz de ponderación como base del índice. En la segunda fase, y con el propósito de determinar la pertinencia de la metodología de aplicación del índice y obtener unos resultados preliminares en algunas regiones del país, se realizó una evaluación, mediante medición in situ, de procesos judiciales finalizados en 2010 en el Sistema Penal Acusatorio en los distritos de Antioquia, Cundinamarca y Santander; lo cual permitió realizar el primer cálculo consolidado del índice e identificar valores agregados y limitaciones en su aplicación.
Durante la etapa inicial de delimitación del alcance de investigación y geográfico del proyecto se evaluó la capacidad de diseñar un estándar e índice nacional para la medición de la calidad de los procesos judiciales en todas las especialidades. Respecto del alcance, el grupo base...
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