Nota editorial
| Autor | Derecho Penal y Criminología |
| Páginas | 9-10 |
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NOTA EDITORIAL
A mediados del año 2011 el Congreso de la República aprobó las denominadas leyes
de seguridad ciudadana (1453 de 2011) y anticorrupción (1474 de 2011), por medio de
y de extinción del derecho de dominio.
el ámbito sustancial, la creación de nuevos tipos penales y disciplinarios, la ampliación
nuevas causales de inhabilidad para contratar con el Estado, la exclusión de subrogados
penales y mecanismos sustitutivos de la pena para delitos concretos, la ampliación de
términos de prescripción de las acciones penal y disciplinaria; y, en materia procesal, la
creación de jueces de garantías ambulantes, el incremento de términos de duración de
los procedimientos penal y disciplinario, y la variación de requisitos para la práctica
de diligencias de allanamiento, registro, interceptación de comunicaciones, vigilancia
y seguimiento de personas, como también en cuanto a la procedencia de la medida de
aseguramiento, entre otros.
Con relación al conjunto de medidas implantadas es factible señalar que, de una parte,
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de combatir fenómenos criminales novedosos y de especial gravedad y que, por ese
y sancionar comportamientos que afectan la seguridad ciudadana.
De otra parte, en cuanto a la coherencia sistemática de la reforma, se han planteado
algunos reparos desde el punto de vista político-criminal, particularmente por ausencia
de proporcionalidad de las sanciones previstas para algunos comportamientos típicos
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