Nota editorial
| Autor | Editor Derecho Penal y Criminología |
| Páginas | 9-11 |
Revista Derecho Penal y Criminología n.º 90, vol. XXXI, enero-junio de 2010, pp. 9-11
NOTA EDITORIAL
otro de manera concatenada. Nuestro país, al igual que ocurre en muchos otros lugares,
expansión del derecho penal, de acuerdo con la cual se cree que la solución omnímo-
da para todos los problemas derivados de las situaciones de crisis que puede afrontar
nuestro sistema social, en sus diferentes ámbitos (económico, político, social y hasta
moral), estriba en el robustecimiento de las sanciones penales y la creación de nuevos
delitos, a lo cual, por lo general, se anuda el adelantamiento y decisión de procesos
penales sobre la base de la mayor o menor presión que en un determinado momento
histórico ejerza la opinión pública frente a algunos casos en particular.
Este imbricado panorama jurídico-penal está determinado, en gran medida, por la ocu-
rrencia de hechos delictivos de especial sensibilidad social, cuya entidad y consecuen-
protección de bienes jurídicos con arreglo al principio constitucional de proporciona-
lidad o prohibición del exceso.
Piénsese, a título de simple ejemplo, en el aumento indiscriminado de penas para las
conductas de captación masiva de recursos del público; la criminalización de com-
portamientos relacionados con agresiones o atentados sexuales realizados a través de
internet –cuyas penas pueden incluso superar las previstas para los delitos de propia
mano contra la libertad, integridad y formación sexuales–; la pseudo-penalización del
consumo individual de estupefacientes –bajo una concepción paternalista del Estado–;
la promoción de la pena de cadena perpetua para los delitos sexuales contra menores
de edad; o la pretensión de utilizar conceptos propios del derecho penal internacional,
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