¿La pipa de la paz? Los derechos humanos, el medio ambiente y la reforma de las políticas sobre drogas en el (pos)conflicto colombiano - Juridizar los debates económicos y políticos - Perspectivas jurídicas para la paz - Libros y Revistas - VLEX 777106165

¿La pipa de la paz? Los derechos humanos, el medio ambiente y la reforma de las políticas sobre drogas en el (pos)conflicto colombiano

AutorSebastián Rubiano Galvis - Julián Martín Berrío
Páginas93-139
¿LA PIPA DE LA PAZ? LOS DERECHOS HUMANOS,
EL MEDIO AMBIENTE Y LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS
SOBRE DROGAS EN EL (POS)CONFLICTO COLOMBIANO
Sebastián
RUBIANO GALVIS
*
Julián
MARTÍN BERRÍO
**
El narcotráfico y las políticas empleadas por el Estado colombiano para contra-
rrestarlo han producido graves consecuencias en la observancia de los derechos
humanos y en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales1.
Distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas han señalado
que, a pesar de que las convenciones de Viena —que respaldan la guerra contra
las drogas y que Colombia ha ratificado— persiguen un fin loable, a saber, la
promoción de la salud pública, estrategias como la penalización de la produc-
ción, distribución y consumo de drogas han entrado en tensión con la garantía
de los derechos a la salud, la vida, la dignidad, la libertad, el agua, la alimentación,
la autonomía personal, la no discriminación y otros. La Corte Constitucional
colombiana ha dicho, por su parte, que las obligaciones del Estado en materia
* Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales, Política y Gestión de la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley. Investigador del Grupo de Derecho Ambiental de la Universidad de los Andes.
** Profesor de Sociología del Derecho y de Investigación Dirigida de la Universidad de los Andes e
investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la misma institución.
1 Véase Francisco Thoumi y Carolina Navarrete, Drogas ilegales y derechos humanos de campesinos y comu-
nidades indígenas: el caso de Colombia, serie Políticas Sociales, n.º 15 (París: Unesco, 2005); Damon
Barret, “Reflections on Human Rights and International Drug Control”, en Governing the Global
Drug Wars (Londres: London School of Economics, 2012); y Rodrigo Uprimny y Diana Guzmán,
Pensar en el problema de las drogas junto a la paz”, Razón Pública, 4 de noviembre del 2013, www.
razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7170-pensar-el-problema-de-las-
drogas-junto-a-la-paz.html. La literatura crítica de las políticas antidrogas en Colombia es extensa.
Francisco Thoumi, La normatividad internacional sobre drogas y la evaluación de los resultados
sobre la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, Razón Pública, 3 de
julio del 2008; Sueños de reforma de las políticas contra las drogas y del régimen internacional
de control de drogas (documento de política n.º 37, Fescol, Bogotá, 2011); Ricardo Vargas,
Cultivos ilícitos, conflicto y proceso de paz”, en Plan Colombia: ensayos críticos, Jairo Estrada, ed.
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001); y Rodrigo Uprimny, Reformular la política
frente a las drogas: desafío ineludible para Colombia”, Razón Pública, 9 de enero del 2012, http://
www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/2646-reformular-la-poli-
tica-frente-a-las-drogas-desafio-ineludible-para-colombia.html, por ejemplo, han analizado los
costos sociales, políticos y económicos de la lucha contra las drogas. Recientemente, los estudios
recogidos por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, eds., Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos
y extravíos (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011) han avanzado en la evaluación de los éxitos
y los fracasos de la lucha contra las drogas. La discusión sobre los costos ambientales es más
incipiente, pero viene creciendo; véase Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Medio ambiente,
cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. Memorias (Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2000); y
Liliana Dávalos et al., Forests and Drugs: Coca-Driven Deforestation in Tropical Biodiversity
Hotspots”, Environmental Science and Technology 45, n.º 4 (2011).
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PERSPECTIVAS JURÍDICAS PARA LA PAZ
de derechos humanos y de protección ambiental en ocasiones discuerdan con el
propósito y los métodos de la lucha contra las drogas2, y la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos acogió por primera vez en el 2014 una audiencia
para discutir el impacto de las políticas antidrogas sobre los derechos humanos.
La relación entre las políticas sobre drogas y el régimen de protección ambiental
es particularmente compleja en los países productores, como Colombia, puesto
que la interdicción de la producción suele acudir a estrategias como la asper-
sión de herbicidas tóxicos para erradicar cultivos ilícitos y el bombardeo de los
laboratorios de procesamiento, cuyos efectos ambientales apenas son objeto de
consideración. En Colombia, un país megadiverso, con una necesidad impe-
riosa de adaptarse al cambio climático y, muy posiblemente, cercano a una etapa
de posconflicto que probablemente aumentará la presión sobre recursos natu-
rales como los bosques, el agua y el suelo —como ha ocurrido en otros países
donde han tenido lugar posconflictos, en África, Asia y Centroamérica—3, las
discusiones sobre la relación entre la reforma de las políticas sobre drogas, por
un lado, y la protección del ambiente, la reparación de sus daños, el ordena-
miento territorial, el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, por el
otro, son especialmente relevantes desde un punto de vista jurídico y político.
En general, el proyecto de paz y posconflicto que se elabora en La Habana tie-
ne dos ejes, uno correspondiente a los derechos y otro al territorio, que tienen
injerencia en todos los acuerdos y en las medidas que deben implementarlos4.
Es inevitable preguntarse hasta qué punto el acuerdo sobre la reforma de las
políticas sobre drogas ilícitas puede contribuir a revertir, al menos parcialmente,
los graves efectos del prohibicionismo sobre los derechos humanos y el medio
ambiente. Una lectura del acuerdo atenta a las dimensiones jurídicas de la pro-
tección de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental territorial
contribuye a responder este interrogante. Esos lentes, además, permiten realizar
un análisis más integral de los alcances y límites de los acuerdos, no sólo en el
tema de las drogas, sino en otros, como los de tierras y participación política,
como se mostrará más adelante. Además, hacen visibles temas no considerados
en la mesa, como el de la reparación de los daños causados al medio ambiente
2 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994 (magistrado ponente:
Alejandro Martínez Caballero).
3
PNUD
y Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Consideraciones ambientales para
la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. Insumos para la discusión (Bo-
gotá: 2014); United Nations Environment Programme, From Conflict to Peacebuilding. The Role of
Natural Resources and the Environment (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2009).
4 Sergio Jaramillo, “The Transition in Colombia and the Process to Build a Territorial Peace” (confe-
rencia, Harvard University, Cambridge, Ma., 2014), https://www.youtube.com/watch?v=8fvjib1xT5o.
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¿LA PIPA DE LA PAZ? LOS DERECHOS HUMANOS, EL MEDIO AMBIENTE Y LA REFORMA
con ocasión el conflicto armado, y otros considerados tangencial o indirecta-
mente, como el de las políticas de ordenamiento territorial.
Para los algonquinos norteamericanos y los mapuches chilenos fumar la pipa
de la paz es un ritual que no sólo representa el fin de una confrontación, sino
también la superación de profundos desacuerdos entre contradictores. Toman-
do prestada esta bella metáfora, y partiendo de la premisa de que replantear las
políticas sobre drogas pasa por hacerlas compatibles con la protección de las
personas y del medio ambiente, el capítulo analiza el acuerdo entre el Gobierno
y las
FARC
sobre drogas ilícitas como una instancia más de un proceso hacia la
paz, no sólo con el grupo guerrillero sino con las drogas mismas5. Es elemental
reconocer que un acuerdo con las
FARC
no acabará el narcotráfico ni la guerra
contra las drogas, dado que las convenciones internacionales prohibicionistas
siguen siendo un límite importante y que la reforma global es un proceso que
depende de muchos más actores, en distintas escalas. Reconociendo estas limi-
taciones, quizás la mejor forma de entender el acuerdo es como un espacio
estratégico para impulsar la reforma estructural de las políticas sobre drogas6,
mas no como una instancia definitiva7.
Nuestra lectura es que, aunque hubo avances significativos, en La Habana se
dieron pasos tímidos para hacer la paz con las drogas; así, el grueso de la labor
queda para los escenarios internacionales y para terceros estados dispuestos a
dar pasos más audaces. Para justificar esta posición expondremos tres argu-
mentos. El primero es que las negociaciones ni siquiera cuestionaron algunas
premisas erróneas del régimen prohibicionista internacional, ni sus graves
efectos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. El segundo es que,
si bien el acuerdo incluye aspectos relevantes que pueden hacer avanzar la
discusión acerca de las políticas sobre drogas que tiene lugar en el país desde
antes del proceso de paz, también presenta vacíos, ambigüedades y retrocesos
importantes que afectan negativamente la discusión de estas políticas y ponen
en riesgo el objetivo general de una paz con énfasis en el aspecto territorial y
en los derechos. Y el tercero es que, aunque el acuerdo representa el triunfo de
la tesis de que las posibilidades de una reforma legal en materia de drogas no
5 Por hacer la paz con las drogas entendemos replantear la guerra contra ellas. Véase Michael Keane,
“A Roadmap to Peace in the War on Drugs”,
IPA
Review (2012).
6 Amira Armenta y Ross Eventon, “El mercado ilícito de drogas en el contexto agrario colombiano.
¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?” (informe sobre polí-
ticas de drogas n.º 40, Transnational Institute, 2013).
7 Si el proceso de paz fracasa, la discusión sobre la refor ma de las políticas sobre drogas deberá con-
tinuar.
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