La política antidrogas de Estados Unidos va a la guerra
| Autor | Winifred Tate |
| Páginas | 35-67 |
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Capítulo 1
La política antidrogas
de Estados Unidos va a la guerra
En los noventa, en Estados Unidos la guerra contra las drogas pasó de ser una metáfora
a una verdadera guerra con el uso de helicópteros artillados y la participación de ase-
sores militares y batallones del ejército dedicados exclusivamente a llevarla a cabo. El
paradigma de cero tolerancia que adoptó Estados Unidos a nivel interno en los ochenta
proveyó la arquitectura ideológica para la subsiguiente militarización de la política
antidrogas en el exterior. Aunque tenía raíces en una larga historia de control del con-
sumo de drogas por ciertas poblaciones marginales, la política de cero tolerancia se
convirtió en un instrumento político social dominante durante el gobierno de Reagan.
Dentro de este paradigma, se consideraba que todas las drogas ilegales causaban daños
irreparables a la juventud blanca de clase media, de manera que se hacía necesario el
poder abrumador de las fuerzas militares para prevenir el paso de estas mercancías a
través de las fronteras de Estados Unidos, o para asegurar su destrucción física durante
las etapas de su producción y tránsito. Tanto la militarización como la cero tolerancia
al uso de drogas respondían a un mismo conjunto de lógicas culturales basadas en un
ideal totalizante de fuerza abrumadora y control férreo. Ambas conjuran futuros dis-
tópicos a través de amenazas imaginarias y las dos crean una nueva relación basada en
una visión excluyente que establece fronteras entre enemigos y aliados, demanda
lealtad y hace señalamientos de pérdas traiciones ante cualquier clase de oposición.
Justo antes de terminar su presidencia en enero de 1961, Dwight Eisenhower
dio un discurso en el cual alertó al pueblo estadounidense del creciente ‘complejo
industrial militar’ y le manifestó a la nación que “esta conjunción entre un inmenso
establecimiento militar y una gran industria armamentística es nueva en la experien-
cia estadounidense. Su inuencia total —económica, política y aun espiritual— se
siente en cada ciudad, en cada capitolio estatal y en cada ocina del gobierno federal”.
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Drogas, bandidos y diplomáticos: formulación de política pública de Estados Unidos hacia Colombia
Durante las últimas tres décadas, una cantidad limitada pero creciente de literatura
antropológica se ha enfocado en la evolución de las instituciones, prácticas sociales y
valores culturales que facilitan el aumento de la dominación de las instituciones, tec-
nologías y lógicas militares en múltiples esferas de la vida social (Gusterson, 2007).
Como Cynthia Enloe, una pionera de los estudios de la militarización nos recuerda,
este proceso no es ni inevitable ni transparente, de manera que un arma puede ser o
no militarizada tal como un juguete o una lata de sopa (Enloe, 2000). Los académi-
cos han enfocado sus investigaciones en especícas geografías, tal como sucede con
el estudio de Catherine Lutz sobre Fayetteville; en masculinidades, como en el caso
del estudio de Aaron Belkin sobre las historias entrelazadas de ideologías de género
en Estados Unidos y los proyectos imperiales; o en la producción de subjetividades
como “trabajadores de la violencia”, en el análisis que realiza Ken MacLeish sobre
las comunidades de soldados y sus familias en Fort Hood (Lutz, 2002; Belkin, 2012;
MacLeish, 2013). En este trabajo me enfoco en la militarización de una política, es
decir, me interesa cómo un asunto denido como ‘la política de drogas’ llega a ser
dominado por las prácticas institucionales, las lógicas y la experticia militares.
Esta historia hace parte de una genealogía más amplia de amenazas contem-
poráneas a la seguridad nacional (Goldstein, 2010), genealogía que conlleva trazar
cómo las amenazas y el miedo se producen y cómo circulan, el papel que juegan
como estructuras de sentimiento dentro de la formulación de política pública por
Estados Unidos y sus efectos-Estado. Joseph Masco arguye que los imaginarios de
miedo son centrales para la securitización de la vida política contemporánea y para
la militarización de las amenazas a la seguridad nacional, y en el caso de la guerra
nuclear y la llamada guerra contra el terrorismo, traza su despliegue en discursos,
tecnologías e infraestructuras (Masco, 2006). Como nos recuerda Jutta Weldes en
su análisis magistral de los eventos que llegaron a conocerse en su conjunto como
la Crisis de
los Misiles en Cuba, o la Crisis de Octubre, como se conoce en Cuba,
las amenazas no solo se presentan, sino que son producidas de acuerdo con ciertas
identidades estatales, de supuestos sobre el carácter y los roles nacionales, y dentro de
distintas escalas temporales. Estas amenazas se despliegan con el n de producir dispo-
siciones afectivas, subjetividades políticas y prácticas cientícas particulares, tal como
lo han argumentado algunos antropólogos para el caso de una posible aniquilación
nuclear, de riesgos biológicos y desastres geológicos (Gusterson, 1998; Masco, 2006;
Lako, 2007). En este complejo terreno político, la amenaza que presenta el consumo
de drogas ilegales ha llegado a abarcar no solamente valores sociales y la integridad
corporal de determinadas poblaciones juveniles, sino también la seguridad nacional.
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La política antidrogas de Estados Unidos va a la guerra
Ahora esta amenaza emana de productores y tracantes distantes, nuevos enemigos
que requieren de nuevos aliados, en este caso de las fuerzas militares colombianas.
La militarización de la guerra contra las drogas es solo una pequeña parte
de la amplia militarización de la política exterior de Estados Unidos, tal como se
reeja en la disminución del gasto en misiones diplomáticas civiles, mientras el
de las misiones militares se amplía. El presupuesto operativo del Departamento de
Estado sufrió un recorte del 20 % durante los setenta y ochenta, que signicó la
disminución en un 22 % de personal en el Servicio Exterior, así como menos per-
sonal en las embajadas alrededor del mundo: se cerraron más de 30 embajadas y
consulados, y muchas tareas que habían gurado en el mandato de los organismos
civiles se transrieron a las fuerzas armadas. La diferencia en tamaño entre las
burocracias civiles y las militares es enorme, si se compara el peso institucional de
6.000 funcionarios ociales del Servicio Exterior y 2.000 funcionarios en la ,
con 1,68 millones que suma el personal militar en servicio activo. Solo los músicos
que tocan en las bandas militares sobrepasan en número al total del personal del De-
partamento de Estado. La presencia militar en el extranjero se ha extendido a través
de las bases militares, las misiones de asesoría y las operaciones de entrenamiento
(Lutz, 2009; Vine, 2011). Los comandantes militares regionales de Estados Unidos
juegan un papel creciente en el establecimiento de los mandatos de las misiones
y en el desarrollo de las relaciones dentro de los países. Estos cambios han tenido
profundas consecuencias políticas en la medida en que los líderes militares hacen
uso de “las relaciones entre las fuerzas armadas para seducir a los países a integrarse
en la esfera de Estados Unidos en términos ideológicos y de sus intereses geopolíti-
cos” (Priest, 2004, p. 97). Aunque estos arreglos reciben el respaldo arrollador de
los políticos, generan conicto entre los liderazgos civiles y los programas militares
(Priest, 2004; Withers, 2008). En este capítulo, tra zo la emergencia del marco de
cero tolerancia y analizo cómo el Comando Meridional de Estados Unidos (cono-
cido como Comando Sur) fue exitoso en el cabildeo que llevó a cabo con el n de
extender el papel militar en las operaciones antinarcóticos durante el período de la
pos-Guerra Fría. Durante gran parte de los noventa, la Policía Nacional de Colom-
bia fue el principal socio de Estados Unidos en las operaciones antinarcóticos, pero,
a pesar de las críticas a las fuerzas militares colombianas por ser una fuerza abusiva,
ineciente y corrupta, a nales de los noventa estaban posicionadas para reempla-
zar a la policía como principal receptor de la ayuda militar de Estados Unidos. La
ayuda militar se convirtió en una solución tanto para la vulnerabilidad política del
gobierno Clinton, generada por la preocupación de algunos republicanos sobre el
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