Política pública penitenciaria y vulneración de derechos humanos en la prisión colombiana
| Autor | Francisco Maffioletti Celedón - anesa Díaz Padilla - Stella Maris Puhl |
| Páginas | 311-330 |
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Capítulo 13
Política pública penitenciaria y vulneración de
derechos humanos en la prisión colombiana
Erika Marian Sotelo Cuello
Ever José López Cantero
Resumen
La corte constitucional ha declarado la existencia de un estado de cosas inconsti-
tucionales en el sistema penitenciario en tres ocasiones; la primera declaración de
estado de cosas inconstitucionales la realizó la corte mediante la sentencia T-153
de 1998, al identicar que la infraestructura con la cual contaba el sistema pe-
nitenciario era inadecuado e insuciente frente a la sobrepoblación existente. Al
revisar la corte en el año 2013 los avances para superar dicha situación, reconoce
mediante sentencia T-388 de 2013, que en esos cinco años se hicieron esfuerzos
en la ampliación de la infraestructura y con ello se obtuvieron resultados positivos
frente a la ampliación de cobertura; sin embargo, la situación permanecía y por
ello la corte hizo énfasis en la necesidad de pensar medidas desde la política cri-
minal del país. En el año 2015, mediante sentencia T-762 de 2015, la corte ratica
la existencia del estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y
carcelario en Colombia, lo cual afecta los derechos de las personas privadas de la
libertad. Igualmente identica que las medidas de política criminal que se han to-
mado son de carácter y naturaleza reactiva, no toman fundamento en la evidencia
empírica y presenta una tendencia al endurecimiento punitivo.
De acuerdo con ello, este capítulo aborda los resultados de un ejercicio analítico
frente a la política criminal penitenciaria en Colombia, sus desarrollos, los resulta-
dos en materia de superación del estado de cosas inconstitucionales y algunas de
las problemáticas que no han sido superadas a la fecha.
PSICOLOGÍA JURÍDICA DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL
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Introducción
La población condenada del país afronta situaciones de difícil manejo que re-
percuten en gran medida en los derechos humanos de esta población. Entre
las principales problemáticas se encuentra: el hacinamiento el cual se entiende
como la “cantidad de personas privadas de la libertad en un espacio o cen-
tro de reclusión determinado en número superior a la capacidad del mismo”
(Inpec, 2016). El informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) para el mes de enero del año 2018 describe que para la fe-
cha cuenta con 179.024 personas privadas de la libertad (PPL). Se presenta un
índice de hacinamiento del 45,7%, es decir, cuentan con una sobrepoblación
de 36.185 PPL, los cuales están distribuidos en 135 establecimientos organi-
zados en 6 regionales por todo el país. Con relación a la situación jurídica de
la población, el 32% (36.938) corresponde a sindicados mientras que el 68%
(78.458) son personas condenadas (Inpec, 2018).
Algunos datos demográcos se exponen a continuación para comprender la po-
blación privada del país a cargo del INPEC. Para el mes de enero de 2018, el nú-
mero de cupos disponibles son 79.211. A esta fecha, se cuenta con 115.396 PPL
en condición intramural de los cuales el 93,4% (107.794) son hombres y el 6,6%
(7.602) son mujeres. De estas mujeres, 11 son madres lactantes (0,1%) y el 0,8%
(65) están en gestación. También se cuenta con 62 niños menores de tres años (ni-
ños y niñas) que conviven con sus madres, dando cumplimiento a lo señalado en
la Ley 1709 de 2014, artículo 88. Las edades más representativas de la población
están entre los 25 y 29 años el 21,1%, entre 30 y 34 años el 18,4% y entre los 18 y
24 años el 15% principalmente. Considerando también el nivel educativo de las
personas recluidas, éstas se distribuyen, iletrados el 5,4%, formación básica pri-
maria (completa e incompleta) el 36,1%, formación básica secundaria (completa e
incompleta) el 55,2%, diferentes niveles de formación superior el 3,1% y con nivel
de postgrado el 0.2%. Los PPL que presentaban alguna condición excepcional son
9.659, que están distribuidos en los siguientes grupos; etnias 12,5%, autorecono-
cidos afrocolombianos 40.9%, extranjeros 8.4%, de la tercera edad 25,8%, madres
lactantes 0.1%, gestantes 0.7%, en condición de discapacidad 11% e inimputable
0.5% (INPEC, 2017).
Así mismo el informe del INPEC (2017) plantea que con relación a los tipos de
delitos por los cuales la población interna está recluida, los principales delitos
son; hurto 15.9%, homicidio 15.6%, tráfico, fabricación o porte de estupefa-
cientes 13.2%, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones
13,0% y concierto para delinquir 10,2%. Estos delitos representan el 67,8% del
total de conductas delictivas de la población sindicada y condenada del país a
cargo del Inpec. Según el sexo, la población reincidente se distribuyó en 92,8%
(17.562) hombres y 7,2% (1.355) mujeres. De los estadísticos relacionados con
el tratamiento penitenciario se encuentra que el 53,7% de la población se en-
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