El estado y la política de la renovación urbana en Bogotá - El estado regulador en Colombia - Libros y Revistas - VLEX 777555933

El estado y la política de la renovación urbana en Bogotá

AutorCatalina Villegas del Castillo
Páginas199-228
EL ESTADO Y LA POLÍTICA DE LA
RENOVACIÓN URBANA EN BOGOTÁ
Catalina
viLLegas deL castiLLo
*
introducción
En la actualidad las problemáticas urbanas ocupan un lugar importante en la
deliberación pública, en los discursos de los políticos e, incluso, en los medios
de comunicación y en las redes sociales. Estas discusiones se enfocan en los
aspectos más convencionales de las ciudades, como la inseguridad, los servicios
públicos, la movilidad, la inoperancia de las entidades públicas para la gestión de
asuntos urbanos, entre otros temas que aquejan al ciudadano del común.
Sin embargo, podría decirse que en esos debates sobre lo urbano la idea de
ciudad o de lo público ha sufrido una transformación importante dado que se ha
entendido que las dinámicas físicas en las ciudades están acompañadas de as-
pectos no sólo económicos, sino ambientales, sociales y culturales. En el actual
mundo globalizado la etiqueta ciudades sostenibles ha permitido enmarcar en un
mismo paquete todas estas dimensiones1, tal y como ha sucedido con los con-
ceptos de ciudades verdes, ciudades inteligentes o movilidad sostenible.
En lo que respecta al caso colombiano se han escuchado voces que llaman la
atención sobre la necesidad de preparar a las ciudades para el posconflicto.
Esto supone que ante una posible firma de los acuerdos de paz en el futuro,
los núcleos urbanos deben estar preparados para recibir, atender e incluir a ciu-
dadanos que han estado por fuera del sistema y que buscan oportunidades de
reinserción en las ciudades.
Así las cosas, es posible afirmar que se ha dado una transformación sobre el
lugar y el alcance de los temas urbanos, así como sobre el significado del Estado
y de lo público en estos asuntos. Grupos locales de ciudadanos organizados, el
* Abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Historia de la misma universidad y en
Planeación Urbana de New York University. El presente texto es producto de las reflexiones como
parte del equipo del Programa Progresa Fenicia de la Universidad de los Andes durante el 2014.
También es el resultado de las discusiones con los profesores que forman parte del proyecto de
“Estado regulador” de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Por último, la auto-
ra agradece de manera especial a Elsa Bohórquez, Clemencia Escallón y Carlos Montoya por el
tiempo y la dedicación en las respuestas a las preguntas e inquietudes planteadas en las entrevistas.
1 Sobre la noción de ciudades sostenibles, véase Scott Campbell, “Green Cities, Growing Cities, Just
Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development”, en Scott Campbell
y Susan Fainstein (eds.), Readings in Planning Theory (2.ª ed.), Oxford, Blackwell, 2003, pp. 435-458.
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eL estado reguLador
auge de profesionales que ofrecen servicios de consultoría en estos temas y el
discurso de organismos internacionales,
ong
y tanques de pensamiento han
contribuido en esta tarea de posicionamiento de las políticas de desarrollo urba-
no en las agendas internacionales y nacionales.
La política de renovación urbana, entendida en su definición más convencional como
la intervención del Estado en los centros urbanos que han sufrido un deterioro
físico y la pérdida de valor económico, no ha sido ajena a esta mutación o cam-
bio en el discurso. Los paradigmas más recientes, producto de la reinvención de
las reglas de juego, que se han dado como respuesta a las críticas de activistas
en distintos países por las dinámicas de expulsión de los habitantes tradicionales
que se generan con estos procesos han conllevado a que, en el caso de Bogotá
por ejemplo, se establezcan como principios rectores de la política de renova-
ción la protección de los moradores ante la gentrificación y, en esa misma lógica,
la importancia de la asociatividad de los propietarios del suelo con los promo-
tores inmobiliarios públicos o privados. Este último principio se ha utilizado en
el discurso de las administraciones locales para privilegiar la negociación con los
propietarios, en lugar de las medidas como la expropiación, que son percibidas
como injustas y tortuosas por quienes son expropiados.
El propósito de este artículo es, entonces, aproximarse a la forma en la que el
Estado ha intervenido y regulado el mercado del suelo urbano, en específico en
los procesos de renovación urbana de Bogotá. Es importante advertir de entrada
que, como afirma Samuel Jaramillo, el Estado persigue varias finalidades cuando
regula el suelo urbano: en primer lugar, interviene para planificar o definir los usos
del suelo; en segundo lugar, reglamenta con objetivos fiscales mediante instrumen-
tos tributarios o de captura de valor; y, por último, hace todo esto para garantizar
la redistribución del suelo, por ejemplo, mediante el acceso al suelo para vivienda
social o para el disfrute del espacio público de calidad2. Estas finalidades fiscales,
de planificación y redistribución se concretan en proyectos de renovación urbana en
la medida en que el Estado interviene para transformar zonas que han perdido
valor económico reasignando usos o haciéndolos más rentables, definiendo me-
canismos tributarios para la obtención de recursos que permitan la viabilidad
financiera de estos proyectos e incentivando la generación de suelo para vivienda,
espacio público y equipamientos. Estas formas de regulación o de intervención
2 Samuel Jaramillo, Precios inmobiliarios y método residual de estimación del precio del suelo. Propuesta de modelo
simplificado y análisis de sus bases teóricas, Bogotá, Documentos Cede. Universidad de los Andes, n.º
41, 2006, p. 27.
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