El precedente respecto del bloque de constitucionalidad en Colombia - Bloque de constitucionalidad en Colombia - Bloque de constitucionalidad en Colombia: jurisprudencia y doctrina. Una propuesta de rigor y garantía - Libros y Revistas - VLEX 438181630

El precedente respecto del bloque de constitucionalidad en Colombia

Autor:Diego Mauricio Higuera Jiménez
Cargo del Autor:Abogado, Magíster en derecho Público y Ciencia Política, Université Nancy 2, Francia; Doctorando en Derecho,Universidad Externado de Colombia; Director del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, miembro del grupo de investigaciones jurídicas y socio jurídicas de la Facultad de Derecho Categoría 'A' en Colciencias, Universidad Santo Tomás
Páginas:86-113
 
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El derecho constitucional desde el punto de vista de la consagración de los derechos fundamentales y el limite al poder público, representa un triunfo de la civilización y el humanismo, ningún avance o gloria significaran algo sin igualdad y libertad para todos, así las cosas, los derechos reconocidos a nivel constitucional serán materializados, a través de diversos mecanismos concretos, tales como las acciones de inconstitucionalidad, de tutela, de cumplimiento, populares y de grupo.

En consecuencia, dichas acciones buscan garantizar la aplicación de derechos y principios consagrados en la Constitución de 1991, sin embargo, la teoría general y la jurisprudencia colombiana plantean como excepción la aceptación de normas no contenidas en el a El derecho constitucional desde el punto de vista de la consagración de los derechos fundamentales y el limite al poder público, representa un triunfo de la civilización y el humanismo, ningún avance o gloria significaran algo sin igualdad y libertad para todos, así las cosas, los derechos reconocidos a nivel constitucional serán materializados, a través de diversos mecanismos concretos, tales como las acciones de inconstitucionalidad, de tutela, de cumplimiento, populares y de grupo.

1. Gestación del concepto de bloque de constitucionalidad fase embrionaria

En lo que concierne al Bloque de Constitucionalidad, no solo hablamos estricto sensu del articulado de la Carta Política como norma superior, por el contrario el constitucionalismo contemporáneo claramente ha difundido que las constituciones no son memorias inmutables, y no pueden ser reducidas a un compendio de texto exegético, es por esta razón que el llamado “bloque de constitucionalidad” en

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términos genéricos120 pretende universalizar y armonizar jurídicamente los derechos o principios internacionalmente reconocidos que directamente no se encuentran vinculados directamente en el texto constitucional pero que deben tenerse en cuenta al momento de resolver un asunto de constitucionalidad121.

Resulta de gran importancia mencionar que las leyes fundamentales usualmente se remiten ya sea de manera expresa o tácita a valores y principios, que no necesariamente se encuentran expresos en la Carta Magna, y es fundamental su aplicación en la práctica tanto que su relevancia incide en los procedimientos y decisiones judiciales, en este orden de ideas, es la misma Constitución pilar fundamental que otorga la fuerza constitucional de esas otras normas, sin embargo desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la posibilidad de la arbitrariedad judicial puede cuestionarse la indeterminación de otras normas que pertenezcan al articulado constitucional, pero de otro lado, también resulta inaceptable el hecho de permitir el anquilosamiento de las Constituciones teniendo como consecuencia no resolver un caso de manera idónea por ausencia de normas constitucionales explicitas, a pesar de la remisión por parte de la misma Lex legum.

Dicho paradigma genera una situación específica y particular dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, debido a que la concepción de Bloque de

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Constitucionalidad que tenemos refiere, de manera significativa a los tratados internacionales de derechos humanos, configurándose una problemática que hace referencia a la influencia del ordenamiento nacional por parte de las normas internacionales, lo cual permite reivindicar el amparo y protección integral de los derechos humanos.

Un ejemplo fehaciente se enfoca en el tratamiento, no solo irregular sino desigual establecido por la Corte Suprema de Justicia respecto del de la Constitución de 1886, teniendo como consecuencia que en 1941 se declaran inexequibles varios artículos de la ley 92 de 1938 argumentando el desconocimiento del concordato de 1887122 y las competencias de la Iglesia Católica sobre ciertos asuntos123. Pese a dicho precedente la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 01 de diciembre de 1988, M.P. Fabio Morón Díaz se niega a analizar la constitucionalidad de las normas bajo la óptica de los tratados internacionales de derechos humanos, frente a lo cual la Corte ha expresado:

" No asiste razón a los impugnadores al pretender violaciones de la Carta por el desconocimiento de convenios internacionales, para lo cual basta reiterar su jurisprudencia en el sentido de que en los procesos de inexequibilidad la confrontación de las normas acusadas para calificar su validez sólo puede ser hecha con las disposiciones de la Carta constitucional y nunca con normas de derecho internacional, pues la infracción de éstas es extraña a la jurisdicción nacional de la Corte, plantea problemas interestatales, que escapan de su competencia, y no implican violación directa de la constitución’’.

Reprobable es entonces la postura de la Corte Suprema, quién hace uso de un tratado internacional que se configura como criterio relevante que permite decidir

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un caso concreto, expresando, en efecto, que el derecho internacional es superior al ordenamiento nacional y, de la misma manera, se aparta del uso de los tratados de derechos humanos como precepto que permite estudiar la constitucionalidad de leyes y decretos. Dicha postura inconsistente se encuentra constituida por una amplia potencialidad muy dañina en un contexto en el cual bajo la vigencia de la Constitución de 1886 el reconocimiento de derechos fundamentales era escaso124. Dicho tratamiento carente de rigor por parte de la Corte Suprema, evidencia la necesidad de analizar seriamente la temática referente al bloque de constitucionalidad, en cuanto a las ocasiones en que no expresa literalmente, pero siempre implica cuerpos normativos diversos a los textos constitucionales utilizados como normas de tal naturaleza.

2. De la gestación al alumbramiento del bloque de constitucionalidad La aporía constitucional

El Bloque de Constitucionalidad, tuvo un proceso de surgimiento y desarrollo arduo; teniendo como punto de partida la entrada en vigencia de la Constitución del 1991 se otorga fuerza jurídica de forma expresa en el orden constitucional a los tratados diversos internacionales de derechos humanos, y en específico en los artículos 53125, 93126, 94127, 101128, 102129 y 214130.

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El “Bloque de Constitucionalidad” como concepto se señala por vez primera en la sentencia C-225 de 1995, donde se resuelve la aparente contradicción que existente entre los artículos 4 y 93 de la Norma Suprema. Así, se establece en primera medida que el artículo 4 exterioriza la supremacía constitucional sobre todas las otras normas131 mientras que el artículo 93132 expresa en su inciso primero la prevalecía en el orden interno de los tratados internacionales siempre que versen sobre derechos humanos y que se encuentren ratificados por Colombia133.

Dicha contradicción aparente, es resuelta realizando una estimación dentro de la misma jerarquía, de tal manera que la Corte dentro de la misma sentencia alude que:

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“el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.”134De acuerdo a lo argüido, tenemos entonces que la normatividad internacional se incluye por remisión directa de la norma suprema dentro del desarrollo del bloque de constitucionalidad, de tal suerte que, no solo se trata de principios abstractos o etéreos, sino que, la misma remisión, permite limitar la valoración de diversas normas como parte del corpus supremo. Así la Sentencia C-582 de 1999, señala que de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, que no todos los tratados internacionales son per se parte del bloque pues “solo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y, que prohíben su limitación en estados de excepción. Es por ello que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica135”.

Aun así, , con particularidad el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política Nacional manifiesta que: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, con lo anterior surge contrariedad respecto su concepción pues no hablando solo de normas de orden superior, sino

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