La problemática social - Un análisis del desarrollo, la pobreza y la desigualdad - Libros y Revistas - VLEX 371082374

La problemática social

AutorIgnacio Aguilar Zuluaga
Páginas39-46

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capítulo 10 La problemática social Para impulsar el desarrollo económico colombiano y al mismo tiempo hacer más equitativa la distribución del ingreso, el gobierno, con la participación de todas sus entidades y organismos y la colaboración efectiva y permanente del sector privado, debe establecer políticas y prácticas macroeconómicas, microeconómicas

y sectoriales. Más que una política de gobierno debe ser una política de Estado y

permanente en el largo plazo. Se requiere prioridad para atacar los problemas, las deficiencias y los vacíos que se presentan en todo lo que puede calificarse de problemática o “cuestión” social. Dentro de este concepto se incluyen las políticas que tienen un gran componente social como educación, salud, empleo, vivienda, deporte y recreación. Además, contar con los servicios públicos esenciales y la seguridad social. Es necesario iniciar esas acciones con un cambio sustancial en la política del gasto público para asignar un porcentaje más alto del total de los recursos al gasto de inversión física o material y social. Los poderes estatales ejecutivo y legislativo deben tomar como un compromiso a

corto, mediano y largo plazo el elevar el gasto de inversión pública a un 30% del

valor total de sus recursos financieros públicos y de esa proporción, asignar sus dos terceras partes (el 20%) a inversión en educación, salud, vivienda, recreación y deporte, con lo cual se acatarían las recomendaciones de la ONU. Conviene recalcar que se requiere atender prioritariamente esos frentes, porque son ellos los que, según sus condiciones o su evolución, van a contribuir, en mayor o menor grado, a la lucha constante y efectiva contra la pobreza, la miseria y la desigualdad.

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UN ANÁLISIS DEL DESARROLLO, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

El plan “Visión Colombia, II Centenario”, conocido también como Plan 2019, elaborado por el DNP, incluye una presentación de las estrategias, acciones y metas que es preciso implantar si se aspira a reducir la pobreza y erradicar la miseria del país. De acuerdo con el documento, se debe pasar de un 52% de pobreza y un 20% de miseria en el año 2005, a porcentajes de 15% y 0%, respectivamente en 2019.

Este estudio plantea la situación actual, las estrategias y las metas de tipo cuantitativo y cualitativo, entre los años 2005, 2010 y 2019, incluyendo todos los campos de la educación, la salud, el empleo y la vivienda.

Se considera procedente analizar los planteamientos y las cifras del Plan 2019, a la luz de los objetivos del presente trabajo. Es una amable recomendación que me permito hacer a sus lectores.

El gasto público con enfoque social

Es relativamente reciente el aceptar que el gasto público debe contribuir a la redistribución del ingreso de la población de un país. Desde la tercera década del siglo XX empezó a aceptarse que, con un manejo adecuado de sus finanzas públicas, el Estado podía realizar un gran trabajo en pro de una distribución más equitativa del ingreso, con el cual contribuiría también a combatir la pobreza y la desigualdad. Un número grande de economistas y dirigentes políticos está de acuerdo en que esa lucha sí puede atenderse con el gasto público. Ejemplo muy diciente se encuentra en la educación, atendida y financiada con recursos del erario público.

La función redistributiva contiene algunos aspectos difíciles de aceptar o entender. Así, las sociedades igualitarias son más estables y más equitativas que las caracterizadas por la inequidad y la desigualdad.

Cuando ya la población de un país sufre la inequidad, la redistribución del ingreso no es una tarea sencilla. A este respecto Montenegro y Rivas en su libro ya citado, dicen que “los intentos de redistribución del ingreso mediante la tributación puede reducir el crecimiento. Generar gran incertidumbre y atizar conflictos estériles”.

Pero cuando la acción se ejerce mediante la apropiación del gasto, con un gran criterio social y unos objetivos bien definidos, las situaciones pueden cambiarse ostensiblemente. Se debe partir de la base de que en la asignación del presupuesto de inversión, tanto física como social, lo necesario es marginarse de toda connotación y finalidad política en su sentido electorero o clientelista. No puede desconocerse que los proyectos de inversión pública representan toda una obra de infraestructura o actividades que constituyen la atención a los servicios públicos, de educación, de salud y seguridad social, llevados a cabo en las zonas pobres, deprimidas y marginadas y esto se traduce en una fórmula eficaz y positiva, en el corto y en el mediano plazo, para reducir la pobreza, erradicar la indigencia y generar fuentes de empleo directo e indirecto. Si se acepta ese proceder, es lógico concluir que el gasto público se puede orientar a la...

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