Protección de los derechos sociales y economía en Colombia
| Autor | Mauricio Bocanument Arbeláez |
| Cargo | Abogado, especialista en Derecho de Familia, magíster en Gobierno y estudiante de Doctorado en Derecho |
| Páginas | 204-204 |
204 Opinión Jurídica
204 Opinión Jurídica
RESEÑAS
* Abogado, especi alista en Derecho d e Familia, magíster en G obierno y estudia nte de Doctorado en Derecho. Pe rtenece al Grupo de
Investigaciones Jur ídicas de la Universi dad de Medellín, en dond e se desempeña como Coord inador del Centro de Invest igaciones
Jurídicas. mboca nument@udem.edu.co
Con su polémica jurispr udencia, la Corte
Constitucional se ha convertido progresiva-
mente en una verdadera jurisdicción social, lo
que representa un cambio de mentalidad sin
precedentes con respecto a la importancia de
los derechos fundamentales en una sociedad
democrática, pero ha generado un grave pro-
blema de financiamiento en la planeación que
tiene el Gobierno para dicha protección.
En efecto, la jurisprudencia constitucional
sobre derechos sociales fundamentales, que
en su gran mayoría conllevan costos económi-
cos, es una muestra de la transformación de la
cultura tanto política como jurídica, y su sensi-
bilización respecto de las necesidades básicas
y la prioridad política de tomarse en serio el
reconocimiento efectivo de los derechos de las
personas. Por otra par te, la jurisprudencia cons-
titucional ha venido diseñando y poniendo en
práctica una concepción moderna del Estado en
la que el cumplimiento de los deberes sociales
del FALTA ALGO ocupa un lugar central en la
reorganización de las instituciones públicas, en
la delimitación de las competencias económicas
y en la fijación de las políticas públicas.
Sin embargo, aparte de la falta de formación
de los jueces en materia de protección funda-
mental de los derechos, según el autor, se han
revelado ciertos problemas de ajus te institucio-
nal que generan amplias críticas en cuanto a la
libertad que se le ha dado al intérprete de la ley
para elaborar su jurisprudencia en materia de
derechos fundamentales, lo que conlleva a otro
problema llamado de leg itimación.
El autor está de acuerdo con la mayor parte
del trabajo realizado por la Corte Constitucional
en estos veinte años de ejercicio, pero con la
deriva que ha tomado mucha de su competencia
se pregunta, en derecho constitucional colom-
biano, ¿quién posee la competencia para imple-
mentar las políticas públicas del Estado cuando
se trata de proteger derechos fundamentales de
los colombianos: el juez de tutela o el Gobierno
nacional de turno?
Capítulo de libro: Protección de los derechos sociales y economía en Colombia.
En: Ciencia política y constitucional, Libro Obra Jurídica enciclopédica. Centro de
Investigación e informática jurídica de la Escuela Libre de México. (pp. 359-387).
Autor: Carlos Mario Molina Betancur
Editorial: Escuela Libre de México. México.
I S B N : 9 78 - 6 0 7- 0 9 -1114 - 9
Año de edición: 2012
Por Mauricio Bocanument-Arbeláez*
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