La protesta social es un derecho que camina de la mano de la paz
La protesta social es un derecho que camina de la mano de la paz
Bogotá, 3 de Junio de 2016. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos,
Plataforma que aglutina 265 organizaciones sociales y ONG para la promoción y
protección de los derechos humanos en Colombia, expresa su preocupación por el
tratamiento dado por el Gobierno Nacional a las protestas adelantadas en el marco de la
Minga nacional, agraria, étnica y popular, llevada a cabo en diferentes lugares del país.
El procedimiento represivo a las movilizaciones de indígenas, campesinos y afro
descendientes ha derivado en una grave situación de derechos humanos, en que según la
información recibida por la Coordinación, hasta hoy deja un saldo de 149 personas heridas
y 3 personas muertas: Willington Quibarecama Nequirucama, Gersain Cerón y Marco
Aurelio Díaz y un número indeterminado de detenciones arbitrarias, a lo que se suman las
estigmatizaciones al movimiento social.
Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos el derecho a la Protesta Social
conlleva por parte de las instituciones del Estado una actitud dialogante a escala n acional
y territorial, y por tanto, condena la utilización de todo tipo de armas contra los
manifestantes, las violaciones a los derechos humanos cometidas y las estigmatizaciones
que se vienen presentando.
La CCEEU hace igualmente un llamado al gobierno nacional para que los reclamos de las
organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes que participan del paro agrario
sean debidamente atendidos y se establezcan compromisos claros de cumplimiento de
los acuerdos adquiridos por parte de las autoridades competentes. También exigimos el
esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado
y la identificación por parte de la justicia ordinaria de las responsabilidades a que haya
lugar.
El tránsito hacia la paz va en marcha e implica entre otras cosas, superar el tratamiento
de fuerza a la protesta social, privilegiar el diálogo y la concertación, así como su
reivindicación como un legítimo derecho ciudadano que enriquece la democracia.
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