Responsabilidad del estado frente al desplazamiento forzado en Colombia
| Autor | Wilson Ruiz Orejuela |
| Páginas | 145-183 |
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El tema del desplazamiento forzoso que constituye un punto álgido dentro de la política social del estado, se ha convertido en uno de los problemas más graves no sólo para el gobierno sino para toda la sociedad colombiana, al calificarse actualmente como una verdadera crisis humanitaria, puesto que, la población desplazada que en su mayoría proviene de las zonas rurales se encuentra en una estado de debilidad manifiesta, en razón a la alteración del cauce cotidiano de sus vidas, determinado por la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, al derecho a la propiedad, a la salud, a una alimentación sana, a la educación, al trabajo, al mínimo vital, afectándose entonces, los procesos de desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos que vive una persona que a su vez, son interrelacionados socialmente. La principal causa que tiene Colombia de desplazamiento es el conflicto armado, entre otras causas tenemos, "la irrupción y consolidación del narcotráfico; los ajustes de la economía al modelo neoliberal en el marco de las presiones y los condicionamientos internacionales; el surgimiento de nuevos actores armados ilegales y las políticas hemisféricas"278, para otros, el fenómeno se asocia con campesinos pobres pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas afrocolombianas que se convierten en centros de atención para los actores transnacionales por su ubicación geográfica y por los recursos naturales con los cuales cuentan279. Page 146
Colombia cuenta con una de las cifras más altas de poblaciones de desplazados internos en el mundo, víctimas de la guerra o de la "limpieza de la tierra" y los más afectados son los niños de los aproximadamente 1.2 millones de personas forzosamente desplazadas dentro del país.280 Uno de los referentes históricos del desplazamiento forzado en Colombia corresponde a la época de "La Violencia" (1964-1984) la cual dejó un saldo de 200.000 muertos y dos millones de desplazados. De otra parte, en el marco de las relaciones internacionales, debe destacarse, el interés mostrado por la comunidad internacional que a través de la Organización de las Naciones Unidas ha hecho presencia en Colombia con ayuda humanitaria y recomendaciones al gobierno en torno al manejo del problema, delegando en cabeza de sus principales órganos para la consecución de sus objetivos, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y por supuesto el Representante del Secretario General de la ONU, y otras como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ONG's internacionales y otras organizaciones no gubernamentales de atención humanitaria. Igualmente deben mencionarse los esfuerzos de las diferentes entidades estatales creadas, es el caso de la Red de Solidaridad en complemento de las surgidas con ocasión de la ley 387 de 1997 para la atención de la población desplazada, así como las personerías, la Defensoría del Pueblo, el CODHES o Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre otras. Teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de los desplazados y la violación grave, masiva y sistemática de los derechos de los más afectados como son los niños, los ancianos y madres cabezas de hogar desplazadas cabe preguntarse a la luz del estado social de derecho y de los tratados internacionales ratificados por Colombia entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra cuáles son las obligaciones sociales del estado colombiano, cómo se deben proporcionar, cuáles son sus límites y en qué casos puede el Estado encontrarse responsable patrimonialmente por los daños y consecuentes perjuicios derivados del desplazamiento a que se puede ver sometida una persona o comunidad. Para tal fin, se tiene previsto abordar en un primer momento las causas del desplazamiento, en un segundo momento el marco jurídico nacional e internacional en torno al tema, en un tercer momento se abordará los fallos más relevantes que en sede constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- en adelante CIDH- se han proferido con el fin de determinar los principales argumentos que dichas cortes consideran viables para conminar al estado a adoptar medidas estratégicas y mediales en términos de resultados y así conjurar la crisis humanitaria Page 147 y en el caso de la CIDH cuáles son los razones para declarar responsable internacionalmente al Estado por la vulneración del derecho al artículo 22 de la convención; en el momento de abordar las tesis empleadas a nivel nacional se hará especial alusión a la noción de "estado de cosas inconstitucional" desarrollada por la corte en sentencia T 025 de 2004.
La fuente primaria de desplazamiento en Colombia es el conflicto armado y la violencia política que padece el país desde hace más de cincuenta años, con el fin de señalar lo anterior, seguidamente se hará una breve referencia a los antecedentes o características de la violencia en sus distintos períodos. El período denominado como la violencia (1946-1965) dejó como resultados un número de 200.000 muertos y un pacto político entre los partidos liberal y conservador a través de un Frente Nacional que permitiría a estos partidos tradicionales compartir el poder a costa de la exclusión de otros partidos y movimientos. En la década de los 70 Colombia vivió un modelo de represión centralizado, institucional, edificado en el recurso del estado de sitio y en una creciente autonomía a las fuerzas armadas en el manejo del orden público. Las arbitrariedades cometidas se reflejaron en la detención ilegal y en el enjuiciamiento a los opositores políticos, combinada en muchas ocasiones con la tortura de los capturados. 50 mil personas fueron detenidas en esta década y se registraron 1.053 muertos por motivos políticos281. En la década de los 80 se evidenció un cambio en el modelo: la variación del ambiente político, por el proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur; en adelante la acción represiva, arbitraria y caprichosa no podría estar en cabeza del Estado de manera evidente y se pasa entonces a la para institucionalidad y consolidación de la "guerra sucia"282. Paralelo al manejo de diálogos sobre procesos de paz, se persigue a guerrilleros amnistiados y a personas consideradas simpatizantes de la actividad guerrillera: abogados, defensores de presos políticos, voceros de la izquierda. En un primer momento, aparece como un mecanismo de oposición a la política de paz y a la apertura de nuevos espacios para fuerzas no tradicionales en el escenario político colombiano, tal es el caso de la campaña de exterminio contra los miembros de la Unión Patriótica. Page 148
De manera acelerada la guerra sucia se extiende a otros sectores: líderes sindicales y de magisterio, dirigentes barriales y campesinos y a quienes, sin tener vínculos orgánicos con la izquierda, militan en la defensa de los derechos humanos. A partir de 1987 hasta el presente se combinan los dos modelos anteriores y experimentan transformaciones cualitativas importantes, cuya máxima expresión son las masacres colectivas283. En este último período, se desmovilizaron cuatro grupos guerrilleros (el M-19, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y una parte del Ejército Popular de Liberación); se dio la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva constitución con un amplio listado de derechos humanos con rango de fundamentales. Entre 1988 y 1992 se cometieron 10.827 asesinatos políticos o presumiblemente políticos; 1.801 homicidios como consecuencia de la limpieza social; 1.981 desapariciones forzadas; 6.046 muertos en acciones bélicas y 476 masacres colectivas (homicidios de 5 o más personas en el mismo hecho) 284. Por tal motivo surge de nuevo la guerra integral, y por segunda vez, desde la promulgación de la nueva constitución (julio de 1991), fue declarado el estado de conmoción interior. La escalada del conflicto armado y el nuevo ambiente beligerante constituye un factor de agravamiento de la situación de derechos humanos y la actitud de las partes enfrentadas ensombrecen el panorama del derecho humanitario hasta nuestros días. Las organizaciones insurgentes desde entonces cometen acciones que perjudican gravemente a la población civil: atentados dinamiteros contra bienes civiles e infraestructura energética, minados de campos, secuestros, ejecuciones masivas, y por supuesto, desplazamientos de poblaciones enteras para así aprovechar las tierras que requieren para los cultivos de coca y laboratorios de droga. Paralelo al desplazamiento que surge como consecuencia de la incursión de grupos al margen de la ley, encontramos otros actores que entran a ser causantes y que en muchas ocasiones actúan con la aquiescencia de agentes del estado, es así como interviene "la irrupción y consolidación del narcotráfico; los ajustes de la economía al modelo neoliberal en el marco de las presiones y los condicionamientos internacionales; el surgimiento de nuevos actores armados ilegales y las políticas hemisféricas"285, para otros, el fenómeno se asocia con campesinos pobres pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas afrocolombianas que se convierten en centros de atención para los actores transnacionales por su ubicación geográfica y por los recursos naturales con los cuales cuentan, Bello A, Nubia, Page 149 considera que: "el desplazamiento forzado se suma a...
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