Retos y perspectivas de la jurisdicción contencioso administrativa frente a la globalización
| Autor | María Inés Ortiz Barbosa |
| Cargo del Autor | Consejera de Estado |
| Páginas | 411-423 |
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Motiva este Seminario la conmemoración por la Universidad del Rosario del 10° Aniversario de actividades académicas de la Maestría en Derecho Administrativo, decenio que introdujo a este Claustro al siglo XXI con el incremento de su prestigio académico de tres siglos y medio y la consolidación de importantes metas para la formación profesional e investigativa de las nuevas generaciones.
A modo de introducción, el período de diez años conduce a realizar un breve análisis sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado para destacar los avances en algunos temas que han sido puestos a su consideración. No ha sido ajena la Corporación a los desarrollos de las teorías jurídicas ni a los cambios sociales ni a los retos que presentan los nuevos fenómenos económicos, la tecnología, el progreso de la ciencia y el reforzamiento de los principios democráticos, en especial en cuanto atañe al fortalecimiento y protección de los derechos humanos.
Es por ello que el Consejo de Estado ha señalado pautas que atienden a las transformaciones a que han dado lugar los anotados fenómenos y en particular a lo que se ha dado en llamar “el mundo plano”, por razón de la velocidad y eficacia de las comunicaciones. Esta Corporación ha sentado jurisprudencia en la que se apartó en marcas y patentes, de la rutinaria consideración de similitud ortográfica y fonética frente a productos como los vehículos que cuentan con consumidores especializados quienes toman decisiones con base en la identificación del fabricante y el país de origen como factores determinantes de calidad, lo que implica improbabilidad de error respecto del bien que desean adquirir;1 se hace prevalecer el conocimiento del comprador sobre el concepto de la anotada similitud, planteamientos que superan la tradicional línea jurisprudencial.
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Ante el avance de las comunicaciones cuyo hito ha sido marcado por Internet y con la utilización de la nueva herramienta jurídica constitucional de la acción popular, el Consejo de Estado concluyó que correspondía al Gobierno de Colombia la administración del dominio como identificador del país para asegurar el interés público y ordenó expedir la regulación necesaria sobre los aspectos derivados de la delegación de su administración, providencia que se convirtió en fuente de la Ley 1065 del 2006 por la cual se define la administración de registros de nombres de dominio.2
Ha dado el Consejo eficaz alcance al principio de solidaridad en su jurisprudencia laboral en casos como el relativo al régimen de seguridad social cuando decidió que la pertenencia de las madres comunitarias al régimen contributivo iba en detrimento de derechos fundamentales, porque su trabajo correspondía a una labor social que se oponía a darles la connotación de trabajadoras independientes y ordenó su clasificación en el régimen subsidiado.3
Y si se trata de las realidades sociales, deben destacarse los pronunciamientos que con la más sólida argumentación jurídica ha realizado en temas tan sensibles como la adquisición de vivienda en sectores de ingresos medio y bajo, la defensa del erario, la transparencia del Congreso, la corrupción y la protección de las víctimas de los grupos ilegales. Sobre el primer tema la Corporación marcó los lineamientos respecto de la fórmula valorativa de las UPAC adoptada por el Banco de la República, para declarar su nulidad, decisión que en su momento constituyó gran transformación en el sistema hipotecario y sirvió de sustento a la Corte Constitucional para su posterior pronunciamiento.4 Las acciones populares y de grupo decididas por el Consejo de Estado se destacan por la defensa del patrimonio público. Por ejemplo, en el caso Invercolsa y las acciones pertenecientes a Ecopetrol ordenó el reintegro de las mismas5 y en elPage 413 proceso de Dragacol, devolver dineros públicos,6 casos en los cuales el amparo se eleva a varios miles de millones de pesos. En relación con la protección de víctimas de la violencia se declaró responsable patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa – Ejército – Policía Nacional por los perjuicios sufridos por quienes fueron desplazados forzosamente del corregimiento La Gabarra del Municipio de Tibú, Norte de Santander, con ocasión de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999, con lo cual se reconoce una dolorosa situación de conflicto que causa estragos morales, sociales y económicos y se presenta ante la comunidad internacional una Colombia preocupada y comprometida por hacer realidad la reparación y la justicia por medio del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.7 A renglón seguido se analizará el panorama que se avizora en la actividad del Consejo de Estado en los próximos diez años.
El mundo actual está inmerso en el fenómeno de la globalización que ha conducido a la liberalización de los mercados cuyos efectos bondadosos o perversos son objeto de discusión diaria y cuya limitación más efectiva es la “integración” imbuida en tratamientos preferenciales y que se traduce en tratados que establecen precisas reglas sobre la distribución de beneficios y el equilibrio de las partes para consolidar mercados estables basados en la confiabilidad y la justicia. La integración se afianza en la lex mercatoria la que, como lo anota el catedrático Carlos Ariel Sánchez Torres, con su autonomía, autosuficiencia e independencia del derecho estatal y el derecho internacional, se manifiesta como un pluralismo jurídico que suplanta al derecho estatal en sus competencias. No obstante este postulado los Estados Parte están sometidos a control, en particular de sus parlamentos y de la rama jurisdiccional.
No puede desconocerse que la integración ha incidido en el concepto tradicional de soberanía enmarcada hasta el siglo pasado en los elementos tradicionales de su composición y hoy abocada a que los órganos de poder que la sustentan sean sustituidos por otros supranacionales y a que el derecho público interno se desplace hacia el derecho privado.
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Entre los tratados de integración es paradigma la Comunidad Europea que al surgir como herramienta efectiva de paz se inicia como un mercado común de productos (acero y carbón) para luego desarrollarse por fuera de los lineamientos meramente económicos y comerciales y acceder a los de una real integración donde la soberanía de los hoy veintisiete Estados Parte se ha desplazado en aras de metas de solidaridad e igualdad que abarcan ciudadanía europea, moneda única, eliminación de fronteras aduaneras, laborales, contractuales, de servicios y de seguridad social y así presenta al mundo la existencia de una verdadera comunidad internacional que se sobrepone a la diversidad legislativa, principio analizado por el jurisconsulto alemán Savigny. (citado en: Monroy, 1969, 107). Además, aplica efectivamente el principio de solidaridad que debe informar los regímenes democráticos −condición sine qua non para pertenecer a ella− cuando, con miras al uniforme desarrollo de la región, el ingreso de nuevos Estados con economías menos favorecidas, se somete a períodos de nivelación económica con la...
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