Riesgos ambientales y principio de precaución: una perspectiva desde el derecho administrativo
| Autor | Hugo Granja-Arce |
| Páginas | 9-35 |
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El presente capítulo tiene como objetivo analizar el principio de precaución como herramienta jurídica de gran utilidad dentro de diferentes ámbitos del derecho administrativo. Su sustento se remite al desarrollo de apartes tomados directamente de la tesis "Nuevos riesgos ambientales y derecho administrativo", para optar por el título de magíster en derecho administrativo y suscrita en el año 2010 por el mismo autor.
A partir del proceso de humanización que han venido experimentando los sistemas normativos y morales de los diferentes Estados en la actualidad, especialmente con la fuerza que están tomando los derechos humanos en el contexto internacional, cambiando radicalmente la forma en la cual los gobiernos se relacionan con sus ciudadanos y hasta su relación con otros Estados de igual jerarquía (Granja, 2010).
Al mismo tiempo, también es una realidad que en la actualidad presenciamos una avalancha de acontecimientos científicos y tecnológicos sin precedentes, buscando mejorar la calidad de vida en las personas, por ejemplo prolongando nuestra esperanza de vida debido al tratamiento efectivo de enfermedades que anteriormente eran mortales y al mejoramiento de la dieta y de la cobertura sanitaria universal (OMS, 2016).
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Sin embargo, los constantes avances tecnológicos que están sobreviniendo en la humanidad también están trayendo consigo enormes riesgos que empiezan a amenazar transversalmente a la salud y el bienestar humanos, al medio ambiente y en general a todo lo que hoy en día conocemos, convirtiendo así a nuestra sociedad en lo que se ha denominado doctrinalmente como la sociedad del riesgo (Beck, 1986), pues enfrenta monstruos que escasamente entiende sus consecuencias. Tal y como se verá en el presente trabajo, no existe una fórmula exacta o incluso aproximada de cálculo y control de riesgos sobre las nuevas actividades humanas, lo cual conlleva necesariamente a una ausencia de regulación jurídica (Granja, 2010).
Ante este escenario, el derecho administrativo se convierte en una herramienta indispensable para que las administraciones nacionales o subnacionales formulen regulaciones acordes con el contexto de riesgo en las nuevas actividades humanas, fruto de esta revolución tecnológica que continuamente experimentamos, pues su aplicación se formula en una simbiosis entre la relación administración-ciudadano, planteando, en cabeza del Estado, la capacidad de organización de la sociedad a través de reglas de estímulo o de sanción sobre ciertas conductas que pueden crear riesgos. Tal y como ocurre con el ordenamiento constitucional colombiano, según el cual, en su artículo 80 quedó establecida la obligación del Estado colombiano de prevención de riesgos de naturaleza ambiental (Constitución Política de Colombia, 1991).
Para el cumplimiento de este fin, el principio de precaución se ha convertido en la herramienta más eficaz con que cuenta la administración colombiana para buscar la prevención de riesgos en diferentes entornos del universo de regulación estatal, debido a que su objetivo es anticiparse a la producción del daño cuando se asumen riesgos dentro de las diferentes actividades humanas, bajo un criterio de costo-riesgo-beneficio (Granja, 2010).
En estos términos, el presente documento buscará aproximarse al estudio del principio de precaución desde una perspectiva relacionada con diferentes campos propios del derecho administrativo y del derecho internacional público, con el fin de introducir al lector en los alcances que esta herramienta jurídica puede tener en el presente y el futuro del ordenamiento jurídico colombiano.
El riesgo ha sido definido por la Real Academia Española como la aproximación de un daño. Por tanto, es posible el señalamiento de la posibilidad futura
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de una serie de acontecimientos respecto a determinada situación que hasta el momento no existe. De esta forma, el estudio relacionado con los riesgos se fundamenta en el análisis de acontecimientos futuros que tienen una alta probabilidad de concretarse, yendo incluso más allá de una mera expectativa, con consecuencias prácticamente imposibles de predecir y de cuantificar, volviendo inocua cualquier regulación normativa sobre la temática a reglar (Granja, 2010, pág. 32).
De esta forma, la regulación legal del riesgo se encamina hacia la prohibición de diferentes conductas a través de la aplicación de sanciones al particular que lo cree, debido a que si bien no se ha producido el daño, si es cierto que se está en proceso de concretarse, poniendo así en riesgo a un bien protegido por el ordenamiento jurídico. (Gómez et al., 2010, p. 191). Por tal razón, con el fin de contextualizar la forma en la cual se crean, concretan y regulan los riesgos, a continuación se procederá a analizar los casos más representativos de esta temática en materia ambiental.
En los últimos años, los peligros dirigidos hacia la salud en los seres humanos han llamado la atención de la sociedad, especialmente de las poblaciones vulnerables, tales como mujeres lactantes, jóvenes, niños, ancianos e inmunocomprometidos. Según la Organización Mundial de la Salud -oms-, cada año mueren 351.000 personas y se enferman 582 millones, debido a la ingesta de alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas, las cuales causan un sinnúmero de enfermedades, muchas de ellas mortales (oms, 2015).
Aunque identificado por primera vez en 1976, el ébola, una enfermedad infecciosa, produjo en el año 2014 una epidemia sin precedentes en África Occidental. Por su causa hubo miles de seres humanos muertos por entrar en contacto con secreciones de las personas infectadas. Aunque se han realizado muchas investigaciones científicas con el fin de determinar los riesgos de este mal en los seres humanos, sus resultados solo fueron prometedores cuando el contagio de la enfermedad escaló a niveles insospechados, llegando incluso a presentarse casos de contagiados en diferentes partes del mundo.
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Esta problemática es un ejemplo tangible de los riesgos de hoy en día y de la imposibilidad de medirlos con las herramientas con que disponemos.
El número de automóviles registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México -zmvm-, se vio duplicada en sólo ocho años al pasar de 3.5 millones en el año 2005 a 6.8 millones en 2013. Esto sin duda se ha traducido en una mayor congestión vehicular y en una contaminación ambiental sin precedentes en la ciudad.
De hecho, para el año 2016, el índice Traffic Index -Tom Tom Index-,1 elaborado por la firma de dispositivos de localización satelital del mismo nombre, ha establecido que la Ciudad de México alcanzó un pico de congestionamiento vial de 101 % durante las mañanas y un 103 % en las noches, lo que la coloca en la primera ciudad con el peor tráfico en el mundo. Tal es el nivel de congestión en la ciudad que en cada viaje de una hora en hora pico, un conductor pierde aproximadamente 57 minutos al día por retrasos (comparado con un mismo viaje en hora valle) y al año alcanza 219 horas perdidas (Tomtom Traffic Index, 2016b). De hecho este índice también realiza un promedio histórico de congestión vehicular desde el año 2010 hasta el 2015, el cual se ha mantenido constante entre el 57 % y el 59 %.
La naturaleza de la movilidad en la ciudad denota un fenómeno en el cual las delegaciones centrales se están despoblando, dando lugar a una saturación de población residente o volátil (para trabajar o estudiar), hacia las delegaciones de la periferia, convirtiéndolas en focos de extrema congestión vehicular. Entre las delegaciones con mayor colapso vehicular por proporción de viajes en transporte privado tenemos Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo (fimevic, 2000) y Santa Fe (Rodríguez, 2012), la cual padece un fenómeno adicional, pues cuenta con una alta densidad poblacional pero con baja conectividad, generando cuellos de botella en las pocas vías de acceso que posee.
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Esta situación crítica de excesiva circulación de vehículos diaria está causando problemas sin precedentes en la contaminación del aire de esa ciudad, produciendo 17.4 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente y 1.143 toneladas anuales de carbono negro (sedema df, 2016a), las cuales están incrementando el riesgo de morbilidad y mortalidad por su exposición crónica (sedema df, 2016b).
La contaminación de la atmósfera se produce a partir de las emisiones tóxicas que se emiten en la atmósfera (Granja, 2010), las cuales tienen efectos a nivel mundial. Los vientos que soplan en unos países...
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