Militarización de la seguridad ciudadana en Medellín - Núm. 156, Julio 2013 - Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 521582162

Militarización de la seguridad ciudadana en Medellín

AutorCamilo yarce Mazo
CargoAbogado de la Universidad de Antioquia
Páginas265-290

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Introducción

Este texto surge a partir de las discusiones y del trabajo que hemos realizado un grupo de estudiantes al interior del semillero de investigación en Seguridad Humana del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM)1. El cual a lo largo de su trabajo ha permitido relexionar sobre los distintos enfoques de la seguridad que a partir de ciertas necesidades -ilusorias o reales- han buscado darle una aplicación "efectiva" a la seguridad. De esta manera surge la relexión que se intenta dar aquí, pues siendo la Seguridad Ciudadana uno de esos enfoques y al que más trascendencia le ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, parecía necesario indagar por este concepto y sobre la aplicación que se le ha dado en la práctica.

De ahí que resultara necesario indagar por las instituciones encargadas de la provisión pública de Seguridad Ciudadana y de la forma en que estas trabajan. Por esto, nos preguntamos a manera de orientación del presente texto, por el cómo del tratamiento que desde la institucionalidad se ha dado al problema de la Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta la existencia del conlicto armado y de las múltiples formas de delincuencia. De esta manera se hace necesario examinar la forma en que se ha dado una doble militarización de la Seguridad Ciudadana en la ciudad (Alonso Espinal, 2012; Angarita Cañas, 2011; Giraldo Ramírez, 2008; Gómez Ramirez, 2012; y Jaramillo & González, 2012).

En ese sentido y teniendo en cuenta la multiplicidad de violencias presentes y persistentes en la ciudad durante décadas, se hace problemática la forma en que desde la institucionalidad se enfrenta el problema general de la inseguridad, pues el tratamiento represivo de la criminalidad, en muchas ocasiones por la vía militar2, se consolida no solo como la única forma en que el Estado responde ante esta

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situación, sino que viene aparejada con diversas violaciones de Derechos Humanos (DDHH) y con un incremento de la violencia (Camacho, 1993).

Sin embargo y pese al intento de las últimas administraciones municipales por transformar positivamente a Medellín, al examinar la situación encontramos cómo contradictoriamente se ha dado un proceso de doble militarización de la Seguridad Ciudadana en la ciudad, a partir de dos de las instituciones involucradas, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, como consecuencia de una indiferenciación institucional, legal, funcional y operacional entre los asuntos de orden público y de seguridad estatal, con los asuntos de delincuencia común, de convivencia y de ejercicio libre de derechos por parte de los ciudadanos, que trataremos de mostrar aquí. Indiferenciación que fue muy propia de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de la política de Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos.

De ahí que el manejo de la Seguridad Ciudadana en la ciudad, como veremos, esté todavía sometido a un manejo que privilegia el uso de la fuerza (policial-militar) por parte de los gobiernos locales, regionales, nacionales y de la fuerza pública, quienes bajo el supuesto de enfrentar la criminalidad, que desde 2008 azota a gran parte de la ciudad, se sumerge a las comunidades en una dinámica securitaria en la cual prevalece el uso de la fuerza por encima de otras alternativas más integrales, más humanas, más dignas.

Antecedentes de la violencia urbana y la (in) seguridad en Medellín, entre el conflicto armado y la delincuencia común

A principios de la primera década del siglo XXI en Medellín, en el marco de la urba-nización del conlicto armado nacional, se presentan varias situaciones coyunturales que incidieron fuertemente en las políticas de Seguridad Ciudadana de la ciudad, por un lado, la expulsión de las milicias de las FARC, ELN y CAP (Giraldo Ramírez, 2008: 107), a raíz de las operaciones militares que desarrollaron conjuntamente el ejército, la policía, el DAS y la Fiscalía (principalmente en 2002). Posteriormente las AUC, en el marco de unas cuestionadas conversaciones con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desmovilizan en Medellín cerca de 868 combatientes del

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bloque Cacique Nutibara (Alonso Espinal, 2012), alterando de manera sustancial la dinámica de la violencia e incidiendo radicalmente en los índices de homicidio.

Estos hechos que venían desarrollándose desde las administraciones anteriores, marcaron el Inicio de la administración de Sergio Fajardo (2004-2007), la cual se caracterizó por una considerable disminución de los homicidios en la ciudad, siendo esta atribuida por la institucionalidad y por algunos autores, como resultado de la implementación de una política de seguridad inspirada por el modelo de la administración Mockus en Bogotá, que centra su atención en la convivencia y en hacer de los espacios públicos lugares aptos y seguros para el disfrute de todos los ciudadanos (Vargas Velásquez & García Pinzón, 2008).

Posteriormente en la administración de Alonso Salazar (2008-2011) la cual intentó continuar con la línea de convivencia y prevención de su antecesor, quiso además imprimirle un enfoque transversal de DDHH (PDM, 2008), pues si bien el índice de homicidios había bajado en la ciudad hasta entonces, se mantenía la preocupación por ciertos hechos de violencia que seguían presentándose en la ciudad, como los abusos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, y por parte de los grupos armados que se estaban reestructurando en la ciudad, pues, seguían ejerciendo control territorial y cometiendo toda clase de abusos sobre la población (desplazamiento forzado, extorsiones, desapariciones forzadas, etc).

Esto a pesar de la buena imagen que tanto a nivel nacional como internacional había dejado de Medellín el ahora ex alcalde Fajardo, quien se empeñó en dejar el nombre de Medellín como un ejemplo de superación de la violencia, pues las cifras de homicidio disminuyeron considerablemente. Sin embargo, el control territorial que tenían los grupos armados en Medellín bautizados desde la oicialidad como bandas emergentes o como bandas criminales (BACRIM), quedaría en evidencia luego de la extradición de Don Berna3y de otros 13 jefes paramilitares, decidida de forma arbitraria por el gobierno nacional y ejecutada en la madrugada de día 13 de mayo de 2008 (Jaramillo & González, 2012; Angarita Cañas, 2012: 284).

Es así como

Medellín se enfrentó en el periodo 2008-2011 a un recrudecimiento de las muertes por homicidio producto en su mayoría de múltiples actividades ilegales ligadas al narcotráico. Entre 2008 y 2009, se presentó un aumento porcentual sin precedentes en los últimos 20 años en la tasa de homicidios, hecho que sin duda prendió las alarmas de la ciudadanía y las autoridades. (MCV, 2008-2011)

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Desde entonces en Medellín y el área metropolitana se presenta un enfrentamiento entre los grupos ilegales herederos de los paramilitares por el control económico, político y armado de la ciudad. La Oicina de Envigado se divide en dos facciones, una liderada por alias "Valenciano", capturado en Venezuela a finales de 2011 y otra comandada por alias "Sebastián" capturado en agosto de 2012. Adicionalmente en la ciudad se está ante la entrada de unos actores externos que vienen a disputarse el control territorial de Medellín como lo son los "Urabeños" y "Rastrojos", también herederos del paramilitarismo (Jaramillo & González, 2012: pág. 5).

Desde una perspectiva, según la cual es posible diferenciar -conceptualmenteentre la Violencia Urbana y la (in)seguridad ciudadana, puede decirse que, si bien se complejiza mucho más la discusión, se deben establecer mecanismos acordes y pertinentes para contrarrestar los niveles de una y otra. A pesar de que desde algunos sectores se entienda a la violencia generada por el conlicto armado (milicias para-militares, neoparamilitares), como la que mayor afectación genera en la población.

En ese sentido se entiende a la violencia urbana como la disputa violenta por el control territorial de grupos armados medianamente organizados con alto poder militar, económico y político, y la (in)seguridad ciudadana se entiende como un fenómeno que obedece a otros hechos de violencia distintos a la ejercida por estas organizaciones, la (in)seguridad ciudadana se reiere a delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, las riñas y demás actos y agresiones que de alguna manera atentan contra la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos, centrándose principalmente en la vida y bienes de las personas.

Sin embargo, como ya se anotó, los hechos que atentan contra la Seguridad Ciu-dadana no pueden entenderse totalmente ajenos al conlicto armado y por ende al fenómeno de la violencia urbana; en ese sentido se airma que las medidas em-prendidas desde los diversos actores tanto institucionales como no institucionales, no deben limitarse exclusivamente al uso de la fuerza, sino que deben comprender otros mecanismos que apunten a la prevención, pues en cuanto a la violencia urbana podríamos decir que la violencia genera más violencia, muertes, violaciones de los DDHH, y en cuanto a la delincuencia común, el uso de la fuerza se expresa recu-rrentemente en más policías y iscales, cámaras de vigilancia, aumento de penas, pero menos garantías y beneicios procesales y agravamiento de las condiciones de vida en los centros de reclusión.

En efecto estos mecanismos no funcionan como formas de prevención general del delito, lo que desvirtúa el supuesto papel...

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