La seguridad nacional a la deriva, 1994-1998
| Autor | Angelika Rettberg/Laura Wills-Otero/Alejo Vargas Velásquez |
| Páginas | 103-138 |
Capítulo 4
La seguridad nacional a la deriva,
1994-1998
L de Ernesto Samper Pizano transcurrió en un
periodo en el que la prolongada injerencia del narcotráco en la política nacio-
nal era bastante criticada en el país y en los círculos ociales de Estados Unidos.
Se había pensado que era posible frenar la intromisión del narcotráco en la
vida pública con la política de sometimiento a la justicia, diseñada en para
doblegar el llamado narcoterrorismo, y con los controles de la nueva Constitución
a los vicios de los políticos. Pero el hecho fue que el maridaje entre narcos y
políticos continuó, apoyado en el clientelismo y la corrupción. Los cinco o más
millones de dólares que aportó el Cartel de Cali a la campaña Samper-Presidente,
con el n de comprar conciencias para evitar la extradición y mantener la com-
placencia con sus actividades ilícitas, sirvieron para detonar una nueva crisis.
Las declaraciones que Samper había hecho a nes de los años setenta a fa-
vor de la legalización del consumo de marihuana lo hacían sospechoso ante los
ojos de Estados Unidos. Por eso no fue extraño que la espiara la sede de
su campaña, de donde salieron los llamados narcocasetes que involucraban al
Cartel de Cali en su nanciación. Esta situación le imprimió desde su inicio, en
agosto de , un sello de debilidad al Gobierno. Sin embargo, la crisis solo se
concretó en abril de , cuando la Fiscalía reabrió un proceso archivado bajo
el número , motivada por los indicios de pagos por parte de empresas
pertenecientes al Cartel de Cali a congresistas de dicha campaña.
Ernesto Samper, “Marihuana: entre la represión y la legalización”, en , Marihuana: legalización
o represión, Bogotá, Biblioteca , .
Francisco Leal Buitrago (editor), Tras las huellas de la crisis política, Bogotá, Tercer Mundo
Editores-Fescol-Iepri, Universidad Nacional de Colombia, .
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E C
Estos hechos, sumados a diversos acontecimientos ocurridos durante el
Gobierno anterior con respecto al narcotráco y a las relaciones con Estados
Unidos, condicionaron el asco que fue el mandato del presidente Samper.
Durante el Gobierno de Gaviria el comunismo había dejado de ser la preo-
cupación principal de Estados Unidos gracias a la nalización de la Guerra
Fría. En su lugar se había erigido al narcotráco, al menos con respecto a los
países andinos y especialmente a Colombia. Por otro lado, el n de la Guerra
Fría había dejado a los militares sin soporte ideológico frente a la subversión,
lo cual facilitó que durante la segunda mitad del Gobierno de Gaviria se les
diera a las guerrillas tratamiento de criminales en vez de delincuentes políti-
cos. Pese a que ese Gobierno impulsó la única política integral de seguridad
elaborada por autoridades civiles hasta ese momento, su fracaso dejó a los mi-
litares con libertad para actuar, aunque sin rumbo denido. Ante ese fracaso,
la dinámica adquirida por el narcotráco y las guerrillas requería de un trata-
miento político alternativo, que no se produjo ya que Samper no pudo manejar
esa difícil herencia. La debilidad nacional e internacional de su Gobierno y su
obstinada permanencia en el cargo se convirtieron en el caldo de cultivo para
que los problemas relacionados con la seguridad nacional se multiplicaran y se
volvieran el reto fundamental del siguiente mandato.
La esquizofrenia política del Gobierno
El segundo ministro civil de Defensa Nacional en la historia moderna del país,
Fernando Botero, no tuvo la experiencia previa de su antecesor en sectores
ociales anes a las tareas de su cartera, pero se cuidó de prepararse en forma
especial para el cargo. Como jefe de campaña del candidato Samper logró
asegurar la escogencia de un puesto que él consideraba clave para proyectarse
como presidenciable en el siguiente periodo. Desde un comienzo, el ministro
Botero fue visto como la cabeza de la línea neoliberal del Gobierno, en con-
traposición incluso a la tendencia socialdemócrata del presidente, coincidente
con la de su ministro de Gobierno, Horacio Serpa. La preocupación de Botero
por ganarse el respaldo militar inuyó en el nombramiento del general Harold
Bedoya, a nes de noviembre de , como comandante del Ejército. El gene-
ral Bedoya ocupaba el cargo de agregado de defensa de Colombia en Estados
Unidos y Canadá, que solía ser un preámbulo al retiro del servicio activo.
Al comenzar su periodo, el Gobierno de Samper raticó a la cúpula militar con la que nalizó
el cuatrienio anterior, para poco después —en noviembre— reemplazarla. El Espectador, de
noviembre de .
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L , -
El fracaso de la llamada guerra integral adelantada durante la segunda mi-
tad del Gobierno de Gaviria se hizo evidente con la ofensiva guerrillera al nal
de su mandato. Esta situación facilitó que el nuevo presidente, alentado por su
visión democratizadora, buscara ejecutar una política distinta. En su discurso
de posesión, en agosto de , Samper mostró su disposición para adelantar
negociaciones con la guerrilla. Habló de tener un diálogo útil que llevara a la
desactivación real de la lucha armada. Para el efecto creó la Ocina del Alto
Comisionado para la Paz, con rango ministerial, que reemplazó a la Conse-
jería Presidencial para la Paz, y le asignó al primer comisionado un plazo de
cien días para evaluar la situación de orden público y las posibilidades de ne-
gociación. A pesar de la continuación de las acciones armadas y los asesinatos
selectivos, la respuesta favorable de organizaciones de la sociedad y grupos
guerrilleros al mensaje presidencial despertó optimismo en sectores de la po-
blación. La política social del Gobierno, concretada en el plan de desarrollo,
denominado el Salto Social, concordaba con sus intenciones de avanzar hacia
la paz. Sin embargo, el Gobierno no plasmó esas intenciones en una política de
paz consistente, que proporcionara unas reglas de juego claras para tratar a la
guerrilla.
Por otra parte, la visión ecientista del ministro de Defensa creó una sura
en el Gobierno al pretender el apoyo armado de la población rural para enfren-
tar a las guerrillas. Su proyecto de Cooperativas de Seguridad Rural se encontró
con la oposición del ministro de Gobierno y de varios sectores sociales. El re-
sultado nal fue la creación, a nes de , de las Asociaciones Comunitarias
de Vigilancia Rural, propuestas por el Consejo Nacional de Seguridad. Las
Convivir, como se conoció a estas asociaciones, supuestamente desarrollarían
solo actividades de inteligencia para apoyar a la Fuerza Pública. En abril de
el ministro Botero informó a la opinión pública que se habían creado más
de cuarenta cooperativas y que esperaba poner en marcha quinientas en el
resto del año y extender esa estrategia a las ciudades.
A pesar de estas contrariedades para adelantar un eventual proceso de paz,
los principales problemas que enfrentó el Gobierno en sus planes de paz y desa-
rrollo social se presentaron en el campo de la justicia. Las mayores expectativas
Jaime Zuluaga Nieto, “Entre la guerra y la paz”, en Síntesis’. Anuario social, político y económico
de Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Iepri, Universidad Nacional de Colombia-Fundación
Social, , pp. -.
En , la subversión tenía efectivos, de los cuales eran de las y del ;
en las guerrillas contaban con efectivos, de los cuales eran de las y del
. , “Los costos económicos del conicto armado en Colombia: -”, Bogotá, , .
“Convivir”, en El Tiempo, de enero de ; “Botero: ‘Habrá cooperativas rurales de
seguridad’” en El Tiempo, de abril de .
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