La crisis del estado social en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - Núm. 17, Julio 2013 - Ratio Juris - Libros y Revistas - VLEX 508888318

La crisis del estado social en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

AutorClara María Mira González
CargoAbogada de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT
Páginas27-46

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Introducción

En el artículo que se presenta a continuación se desarrolla la siguiente idea: La reconfiguración de las relaciones internacionales ha producido una crisis de legitimidad del Estado social en el mundo occidental y, particularmente, en Europa y los Estados Unidos, crisis que inicia aproximadamente en 1970 (Serrano, 1988, p. 25)1.

Dicha crisis supone un remplazo de la política social de redistribución de riqueza y de intervención en la economía por la política punitiva de criminalización de los actores sociales y el aumento de delitos y de cárceles. En términos generales, supone un traslado del aspecto democrático en los estados sociales de derecho hacia un énfasis en su aspecto punitivo, manifiesto en el uso excesivo del derecho penal.

Para explicar dicha crisis es necesario enfocarse en la transformación que ha sufrido el Estado social y su contraste con el Estado liberal. El Estado social supone una transformación del Estado liberal en dos facetas: de un lado, una faceta política, en la cual cambian los procesos de toma de decisiones, inicialmente basados en el consenso del órgano deliberativo —el Congreso o el Parlamento— hacia un papel cada vez más preponderante del órgano ejecutivo, que remplaza las políticas basadas en el consenso por políticas basadas en la eficacia, y, de otro, una faceta económica, en la cual el Estado debe intervenir la economía a partir del gasto público que destina a la redistribución de riquezas.

Con todo ello, en el Estado social el órgano protagónico es el ejecutivo, más que el legislativo —típico del Estado liberal—. Este órgano ejecutivo debe responder al aumento acelerado de demandas a través de políticas de gasto público, por lo que implica una redefinición del papel del Estado hacia una esfera más administrativa que deliberativa (Habermas, 1973, p. 58; citado por Serrano, 1988, p. 26). La transformación del papel del Estado

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liberal de derecho hacia un Estado social produjo con el tiempo una crisis tanto política como económica.

La crisis política se entiende como una reducción del espacio de deliberación y con ella un desplazamiento del eje de legitimidad del Estado, el cual transita de una legitimidad legal racional o típicamente liberal, basada en procesos consensuados de tomas de decisiones y un apego hacia la racionalidad del derecho, hacia una legitimidad de resultados o típicamente política. Y con esta legitimidad hacia un protagonismo cada vez mayor del órgano administrativo —el Gobierno— y una consecuente reducción del proceso de toma de decisiones que recae en el órgano legislativo —el Congreso—. Así, se remplaza la deliberación racional y los consensos en la toma de decisiones por eficiencia necesaria en la redistribución del gasto público2.

Tal y como lo refiere José Ramón Serrano en su libro Emergencia y crisis del Estado Social, la crisis del Estado social en el mundo es la crisis de dos de sus funciones básicas: la primera se refiere a la acumulación de plusvalía como crisis de la producción del Estado para mantener estable la demanda social y, la segunda, se refiere a la crisis de legitimidad3, producto de la ruptura del consenso social y caracterizada por un aumento exagerado del gasto social. Este gasto se produce como un crecimiento gradual de las necesidades de la población global y un decrecimiento de la fuerza de trabajo que impide mantener la producción del capital en un equilibrio constante entre la oferta y la demanda (Serrano, 2008).

El aumento de funciones en el Estado social, a su vez, produce un acelerado proceso de burocratización del Estado, en el cual los partidos políticos, las entidades financieras, los sindicatos y los grupos económicos son incorporados en la estructura del gobierno.

Al mismo tiempo, la crisis de legitimidad produce una pérdida del carácter democrático o participativo del Estado social. Esta pérdida se ma-

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nifiesta en una disminución de la participación ciudadana en la toma de decisiones en los diferentes órganos estatales, producto de la pérdida de protagonismo del órgano deliberativo. Esta última es una crisis democrática o crisis del consenso, manifiesta en una concentración en cabeza del ejecutivo de las funciones del Estado que prescinden del mismo. La pérdida del consenso ha dado lugar en los estados sociales a una transformación de estos en estados de excepción (Serrano, 2008, p. 106).

Ambas crisis son producto de la transformación de los procesos de legitimación del Estado —por algún tiempo centrados en la satisfacción de las necesidades sociales básicas— hacia la garantía de la seguridad interna o del orden público4(Sánchez, 1999, p. 151).

Algunos autores como Habermas han explicado la transformación de los procesos de legitimación del Estado como una crisis de legitimidad del Estado social que traslada el eje de legitimidad social del Estado desde la política hacia la economía (Habermas, 1983). Si la legitimidad del Estado liberal de derecho descansa en una dominación legal racional basada en la creencia de que un determinado tipo de gobierno es capaz de ajustar sus decisiones a las leyes de un ordenamiento jurídico, en el Estado social, en cambio, no basta con dicho ajuste, sino que es fundamental el papel del gobierno en la distribución eficiente del gasto público5. Por lo tanto, la legitimidad del Estado social es una legitimidad de resultados, en la medida en que el Estado, para mantener la confianza de la población en las políticas gubernamentales, debe acudir a la satisfacción de demandas sociales a través de políticas de gasto público y no limitarse única y exclusivamente al sometimiento de sus decisiones a la legalidad.

En el Estado social hay un cambio del eje de legitimidad que se des-plaza desde las deliberaciones racionales hacia las decisiones eficientes. Por ello, existen relaciones recíprocas entre el capitalismo y el gobierno del Estado, lo que representa un condicionamiento muy fuerte entre los servicios

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sociales que presta el Estado y el desarrollo económico. Servicios sociales y desarrollo que deben mantenerse, en lo posible, equilibrados. Cuando se rompe la ecuación, se manifiesta una crisis del Estado social.

La crisis del Estado social alcanza su momento más agudo cuando el gasto público se hace insostenible para cubrir las necesidades sociales. Son varios los factores que la generan:

  1. El aumento de los precios del petróleo que impulsa toda la devaluación de la cadena de bienes y servicios a nivel global, seguido de un aumento gradual de los precios de esos bienes y servicios, a principios de 1970.
    b) La decisión de los Estados Unidos —en la misma década— de no mantener la convertibilidad de su moneda con el patrón del oro, dada la tenencia de miles de dólares por otros países, lo que la hacía insostenible. Con ello, se produce la decisión de muchos países de dejar de implementar el modelo keynesiano (Sánchez, 1993, p. 248).
    c) Un aumento exagerado del número de nacimientos en Europa y América, en los años 60 y 70, que produce todo un cambio demográfico de la población global denominado el baby boom por Remedio Sánchez (Sánchez, 1997).

Al hacerse insostenible la demanda social, los gobiernos optan por eliminar gastos improductivos o gastos que no reportan ninguna ganancia para el modelo de mercado, tales como seguridad social, subsidios y educación, para concentrarse en las funciones policivas estatales.

Estas funciones trasladan la legitimidad del Estado como promotor del bienestar social en una legitimidad basada fundamentalmente en el consenso producido por el miedo que surge de una amenaza socialmente compartida, bien puede ser la amenaza comunista, la guerrillera o la terrorista (Serrano, 2008, p. 130)6.

Así, los discursos de la criminalidad, de la delincuencia generalizada y del “enemigo público” son los discursos propios de gobiernos en crisis,

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que, supuestamente amenazados por un enemigo al que presentan como paulatinamente más común en el ámbito interno y en el global, y en su afán de recuperar la legitimidad, acuden al orden público y a la seguridad ciudadana para sostener el consenso social (Serrano, 2008, p. 120; González, 2002; Kaldor, 2005.

En consecuencia, en un contexto donde la legitimidad del Estado social está en crisis, la respuesta a dicha crisis se ha ido enfocando en un traslado de las funciones del Estado para ser asumidas por la sociedad, pues el gobierno es incapaz de sostener las demandas de la población, por ejemplo, en materia de seguridad. Y la sociedad, conducida por ese gobierno, comienza a asumirlas, lo que permite un traslado de responsabilidades y de funciones para no someterse a algunos controles o, si se quiere, para no tener que responder socialmente (Serrano, 2008, p. 121).

En este punto, considero que la crisis de legitimidad en el Estado social ha producido un aumento cada vez mayor de las funciones punitivas estatales, y dicha crisis funciona como pretexto y no constituye un efecto necesario del desplazamiento de un Estado de bienestar a un Estado punitivo.

Los gobiernos estatales se enfocan en una política de seguridad porque consideran más rentable o efectivo aniquilar el enemigo que reincorporarlo al consenso social, ya que para dicha reincorporación se hacen necesarias las políticas públicas de bienestar, como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etc.

Si en el modelo keynesiano la demanda debía igualar la oferta y con ello los estados necesariamente estaban obligados a introducir correctivos en la economía y los derechos sociales para evitar las crisis económicas, en el Estado social en crisis —o el nuevo Estado liberal— no existe una obligación en tal sentido, porque la economía responde a las crisis desde las privatizaciones y la política la avala o la respalda con las respuestas penales. Es una lógica donde se “aparenta” dar solución al problema, pero el problema...

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