La subpoliarquia colombiana. Deficiencias estatales, democracia deficitaria.
| Autor | Duque Daza, Javier |
| Cargo | P. 210-229 |
| Páginas | 210(20) |
Las urnas contaminadas
Las deficiencias estatales y sus efectos sobre el déficit democrático también ponen de manifiesto la incapacidad del Estado para regular las elecciones, que se desvirtúan parcialmente por problemas de manipulación y fraude. Se han hecho comunes las expresiones "montar jurados" (reemplazar jurados o imponerlos para que manipulen los tarjetones y planillas), "operación canguro" (pasar votos de un candidato a otro, o de votos en blanco o nulos a un candidato), "trasteo electoral" (movilizar electores de un pueblo a otro, modificando el censo electoral), "carrusel electoral" (votar en más de una ocasión o con tarjetones pre-marcados y controlados) "sustitución de muertos" (personas fallecidas aparecen votando), "la urna embarazada" (dentro de las urnas están tarjetones ya marcados con anticipación). El menú de la manipulación es amplio y en la década 2002-2011 hay numerosos y relevantes casos de fraude que han conducido a revisiones de los resultados y a modificaciones tardías de la composición del Congreso de la República. (27)
La información referida a la forma cómo afecta el fraude y la manipulación de los procesos electorales a las elecciones la abordamos a partir del cuadro comparado de los riesgos por fraude de la Misión de Observación Electoral (MOE) y del relato de los hechos más significativos de irregularidades en la década. De acuerdo con la MOE en las últimas tres elecciones se ha presentado un alto porcentaje de municipios con riesgo por fraude (ver Tabla 7) y en 241 municipios coincidieron los riesgos por fraude y por violencia en las elecciones de 2011, lo que equivale al 20% del territorio nacional.
Un recuento de los eventos más significativos ocurridos durante la última década nos permite ilustrar las dimensiones y características de la contaminación y manipulación de las elecciones.
En las elecciones locales de 2000 se presentaron diversos eventos de fraude electoral. En los departamentos de Bolívar y Atlántico hubo decenas de casos de personas que no votaron y aparecieron en los registros oficiales como si lo hubieran hecho. En ello los jurados de mesas de votación jugaron un papel central en la manipulación a través del manejo de los listados de los ciudadanos incluidos en el censo electoral. En otro departamento, en la Guajira, en más del 40% de los puestos aparecieron registrados votos de personas que estaban excluidas del censo electoral por muerte, por condenas judiciales o por pérdida de sus derechos. En el Huila un candidato se hizo elegir alcalde desde la cárcel, cuando tenía sus derechos suspendidos. En el Guainía miembros de comunidades indígenas venezolanas votaron haciéndose pasar por colombianos (Cambio, febrero 12, 2001). El mayor cuestionamiento se presentó en las elecciones de alcalde de Barranquilla, el ganador por un estrecho margen gobernó más de dos anos sin haber obtenido la mayoría, tiempo que se tomó el Consejo de Estado para decidir sobre el fraude.
En las elecciones de 2002 se presentaron múltiples casos de fraude que afectaron de forma sustancial los resultados. El denominado "Bloque Norte de las Autodefensas", grupo paramilitar de gran influencia en la costa atlántica, estableció una dinámica de suplantación de electores a través de los jurados, lo que realizaban consiguiendo de forma fraudulenta el censo electoral y marcándose al final de las elecciones los tarjetones suplantados a los electores, y si habían tarjetas marcadas por candidatos diferentes a los que el Bloque había definido, deberían ser reemplazados. Fue en estas elecciones cuando el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró que el 35% del Congreso había sido elegido con el apoyo paramilitar (Semana, agosto 18, 2003). Posteriormente en una entrevista desde una prisión en Estados Unidos lo ratificó y planteó que habían creado estados paralelos, pactaban con los políticos, afectaban la competencia y decidían quién gobernaba o llegaba al Congreso. (28)
El hecho más relevante de estas elecciones fue el que condujo al fallo del Consejo de Estado que declaró que había existido fraude electoral en las elecciones para Senado, fallo que se produjo tres anos después de que la Procuraduría General de la Nación denunciara que en varias regiones del país los jurados y los funcionarios electorales habían suplantado firmas, cédulas y nombres de electores. Los resultados fueron publicados solo cuatro meses después de realizadas las elecciones y generaron múltiples reacciones y acusaciones, posteriormente el Consejo Nacional Electoral --CNE-- excluyó inicialmente del escrutínio mesas de votación en 11 de los 32 departamentos, anuló L800.000 votos y promulgó la nueva lista de elegidos. Faltando cerca de ocho meses para cumplirse el cuatrienio para el cual fue elegido el Senado se determinó que en la nueva composición tres senadores perdían su curul, (29) (Semana, febrero 20, 2005). Luego de las elecciones el Consejo Nacional Electoral describió diversas prácticas de fraude en estas elecciones que incluían suplantación de electores, cientos de personas fallecidas que aparecían votando, muchos casos de "mesas homogéneas", mesas en las cuales todos los tarjetones aparecían marcados por un mismo candidato, ni siquiera había votos en blanco o anulados, esto se presentó en el departamento de Córdoba. También describió la práctica del "canguro", como el salto que dan los votos de un formulario a otro. Candidatos con pocos votos en los formularios elaborados por los jurados aparecen con nuevos votos en las actas de escrutinio, es decir, son agregados sin que se hayan presentado. En estas elecciones hubo incluso acusaciones de fraude y presiones indebidas por parte de antiguos congresistas que no resultaron electos (El Tiempo, julio 20, 2002). En 4.000 de las 60.174 mesas de votación se detectaron irregularidades y muchas de ellas implicaban redistribución de electores utilizando especialmente los votos no marcados que disminuyeron de forma sustancial en decenas de miles de votos entre uno y otro boletín informativo, lo que implicaba a los registradores y funcionarios municipales. Incluso hubo un secuestro de un registrador de una capital departamental que fue obligado a cambiar la documentación (30) (El Tiempo, abril 13, 2002).
En estas elecciones la injerencia de actores armados ilegales y las prácticas de manipulación y fraude confluyeron de una forma más contundente. En un hecho sin precedentes, un testigo declaró ante la Corte Suprema de Justicia que el jefe paramilitar alias "Jorge 40", jefe del Bloque Norte de los paramilitares, había establecido zonas en los departamentos de Magdalena y Cesar donde se votaría por sus candidatos, con un plan que incluía suplantar a los electores a través de jurados preestablecidos y reemplazar tarjetones que no fueran por sus candidatos. La misma manipulación habría sido practicada en las elecciones presidenciales de 2002 a favor del candidato Álvaro Uribe Vélez. (31)
En las elecciones regionales de 2003 hubo denuncias de fraudes y protestas en algunas ciudades capitales motivadas por presuntas irregularidades en las elecciones. La propia Registraduría denunció que en Barranquilla habían sido llenadas planillas de votación antes de abrirse las mesas con cientos de votos supuestos ("la urna embarazada"), de igual forma denunció la trashumancia de votantes como una práctica muy frecuente, muertos que aparecían inscritos para votar y presiones políticas para que fueran designados jurados de votación seleccionados por políticos. Fueron anuladas las inscripciones de 215.000 cédulas. (El Tiempo, septiembre 21, 2003). En todo el país se habían solicitado 256 investigaciones por trashumancia de electores, es decir, el 22% de municipios, y en 24 de los 32 departamentos se habían presentado cancelaciones de inscripciones de cédulas por sospecha de tratarse de votantes de otras localidades movilizados y pagados por votar (El Tiempo, septiembre 20, 2003). Hubo candidatos únicos para la gobernación en Cesar y Magdalena y al menos para 22 municipios. (32)
De igual forma que en las elecciones para Congreso de la República de 2002, en las dos siguientes hubo problemas de fraude. En 2006 el Consejo de Estado ordenó de nuevo el conteo para Senado y un fallo anuló las votaciones en 600 mesas tras comprobar que había fraude en los departamentos de la Costa Atlántica, Santander, Valle del Cauca y Chocó. Esta decisión fue tomada como respuesta a la demanda interpuesta por un ex Procurador General de la Nación en la cual planteaba que se habían manipulado los tarjetones y se habían suplantado votantes en 26 de los 32 departamentos. Tras el reconteo de votos fueron anulados más de 30.000 votos y dos senadores que inicialmente habían sido elegidos quedaron por fuera del Congreso tres anos después, tiempo que se tomó el Consejo de Estado para decidir sobre las anomalías (Semana julio 7, 2009). En las elecciones para Congreso del ano 2010 se tuvo que aplazar la publicación de los resultados por tres meses debido a múltiples denuncias de anormalidades y fraudes. El presidente del Consejo Nacional Electoral reconoció la presencia de fraude y atribuyó la culpa a jurados y escrutadores (El Espectador, abril 29, 2010). En estas elecciones más de la tercera parte de los municipios del país estaban en riesgo de fraude según el MOE (ver Tabla 7) y se presentaron irregularidades por conteo de votos en los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar. Para afrontar las anomalías el Consejo Nacional Electoral decidió trasladar a Bogotá toda la documentación de los votos de varios municipios pues se podrían afectar los resultados por manipulación. Se demostró que había anomalías pues no coincidían los votos registrados en las urnas y los que figuraban en las planillas de cómputo, por las proporciones de las irregularidades una publicación nacional habló del "votogate" (Semana, abril 2, 2010). En estas elecciones todas las entidades de control recibieron denuncias de compra de...
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