Territorio y hegemonía en Venezuela: el legado geopolítico de Chávez y las adversidades de Maduro
| Autor | Antonio De Lisio |
| Páginas | 173-189 |
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Nicolás Maduro participó en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 utilizando el mismo programa de gobierno que Chávez había presentado en 2012: El Plan de la Patria. Este tiene como objetivo principal profundizar el desarrollo de un nuevo modelo de geopolítica nacional. Con este fin se retoman algunos elementos de la Nueva Geometría del Poder, propuesta de reordenamiento territorial que el Presidente Chávez intentó avanzar mediante la reforma constitucional derrotada vía referéndum el 2 de diciembre de 2007 (De Lisio, 2009b).1Sin embargo, a pesar de algunas similitudes propositivas entre ambas iniciativas, interesa resaltar que la nueva geopolítica nacional fue concebida como un plan hegemónicamente potenciado tanto en el terreno político-doctrinario como en el legislativo. Así, al postular como objetivo nacional "una nueva geopolítica", se incorpora un término que a diferencia
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de la polisémica "geometría" tiene precisas connotaciones políticas como ciencia y estrategia.2La nueva geopolítica nacional que persigue el Plan de la Patria pretende la perpetuación en el poder de la clase dirigente del proceso bolivariano, primero bajo el liderazgo único de Chávez y hoy con la conducción del Presidente Maduro, que al tener una menor capacidad de mando interno en comparación con el fallecido líder, luce más atado al otorgamiento de las cuotas de poder que exigen los distintos grupos que convergen en el psuv. A pesar de las variaciones, el objetivo sigue siendo el mismo: entronizar un régimen de recentralización hegemónica sustentado en las imposiciones que desde el ejecutivo y el legislativo se han implementado en los últimos años. A continuación se presentan los principales soportes político-legislativos de la nueva geopolítica nacional.
La Constitución de 1999, que en el discurso oficial se asume como la carta constitutiva de la V República en el país,3reconoce el carácter de la República Bolivariana de Venezuela como Estado Federal y Descentralizado. Esta disposición constitucional fue aceptada a pesar que sólo el 31% de los constituyentes electos por el Movimiento V República -mvr-, el partido que fundó Chávez, bajo supuestos bolivarianos y con el que ganó las elecciones de 1998, se declaraban defensores de la descentralización. En cambio, un muy significativo 19% se declaró abiertamente en contra del consenso descentralizador que se había venido construyendo desde 1989 (Mascareño, 2007), año en que se realizaron las primeras elecciones de alcaldes y gobernadores.4
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Para comprender socio-políticamente la situación al interior del entonces partido de gobierno hay que empezar por precisar que en éste, de acuerdo con Arvelo (1998), convergían, además de los sectores populares descontentos y esperanzados en Chávez, los grupos de izquierda ortodoxos y los sectores militares. Estos dos componentes de la emergente clase política bolivariana responden a lógicas contrarias a la descentralización nacional-subnacional. Para los primeros, la descentralización y la consiguiente subsidiariedad entre los distintos niveles territoriales en el ejercicio del gobierno, contravenían dos importantes tesis políticas: el impulso de la democracia participativa-popular como alternativa frente la democracia representativa-burguesa y el fortalecimiento del Estado nacional sustentado en la planificación centralizada.
La participación de los militares como actores de la escena política venezolana ha estado signada por una concepción geopolítica de la nación que privilegia el sistema presidencialista y centralizado. De acuerdo con esta visión el país se asume como un "[...] Estado completamente independiente y autónomo, con una estructura política conformada por un Presidente de la República, quien tiene la potestad de ejercer la plena soberanía y dirigir los destinos del país" (fanb, s.f., p. 11).5Esta aseveración resulta totalmente contraria a la descentralización política, ya que niega posibilidad alguna de existencia de gobiernos locales autónomos.
Bajo la égida bolivariana el sector militar no se ha restringido a ejercer las funciones convencionales de seguridad y defensa de la nación. Desde que se les consagró el derecho al voto en la Constitución de 1999, los militares se han convertido en un factor determinante para el sostenimiento político del régimen. Como hechos de particular interés para entender el protagonismo político militar, se deben tomar en cuenta los siguientes sustentos legislativos:
La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002, art. 2) en la que se establece que "la seguridad de la Nación está fundamentada en el desarrollo integral [...]", vinculando así seguridad y desarrollo, y por lo tanto acción militar y políticas de desarrollo. En esta ley además se coarta libertades ciudadanas al establecerse la figura de zonas de seguridad, en las que se restringen
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derechos fundamentales como el de manifestación, todo un contrasentido si se considera que se incluyen en esta zonificación edificios de los poderes públicos, instalaciones de las industrias básicas y de los centros de prestación de servicios sociales (arts. 47 y 48).
En esta geopolítica de control militar la situación se complejiza aún más con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -lofanb- del 2011, en la que se establece la figura de Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Éstas son decretadas por el Presidente de la República con la finalidad de planificar, conducir y ejecutar, además de operaciones de defensa y seguridad de la nación, acciones vinculadas al desarrollo nacional (art. 24), dejando en manos de los Comandos de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral y sus subdivisiones (las Zonas Operativas de Defensa Integral y Áreas Operativas de Defensa Integral), la potestad, entre otras, de participar junto a las autoridades civiles locales "[...] en la planificación del desarrollo de la región" (art. 26, numeral 11).
Sin embargo, el protagonismo militar no se reduce a la esfera técnicopolítica. La ley propicia de igual modo la vinculación militares-pueblo a través de la Milicia Bolivariana, el nuevo componente de la fanb, creado con la misión de "entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral" (art.44). Entre sus funciones aparecen: coadyuvar las políticas públicas con los consejos comunales y fortalecer con éstos la unidad cívico-militar conformando los Comités de Defensa Integral (art. 46, numerales 10 y 11 respectivamente).
Este articulado en su conjunto establece las condiciones cruciales para alcanzar una nueva geopolítica nacional en el marco de la unión cívico-militar, ahora ya no sólo "puertas adentro" del psuv, sino también "puertas afuera", en la base comunal de la estructura social para-gubernamental que se está tratando de construir en el marco del hegemónico concepto de Estado Comunal. A esta sustentación legislativa hay que agregarle la más propiamente política, resultante especialmente del triunfo alcanzando por los candidatos militares del PSUV en las elecciones de gobernadores del año 2012.
Desde el año 2004 se viene ejecutando en el país un presupuesto paralelo al que cada año la Asamblea Nacional aprueba como Presupuesto Nacional. Este adicional se alimenta de varios artificios, siendo quizás el más importante
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el de la cotización del barril de petróleo por debajo del precio internacional. Así en el 2004, se estimó el presupuesto ordinario con un barril de petróleo a 18,5 dólares, a pesar de que el promedio de 2003 fue de 25,55 dólares y para el primer semestre del 2004 se había mantenido por encima de los 28 dólares (Vera, 2014). De manera complementaria, desde el punto de vista del control geopolítico, se debe resaltar que a partir del año 2005 con la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela,6los recursos que el país ha recibido por encima de lo estimado en el Presupuesto Nacional han sido administrados directamente por el Presidente de la República. Es de señalar que la bancada pro-gobierno mayoritaria en la an de la época apoyó la reforma a pesar de que la misma contraviene la Constitución, la cual establece que entre las funciones indelegables del Banco está la de "administrar las reservas internacionales" (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, art. 318) para así llevar adelante una política monetaria nacional sana.
Con la intención del manejo sin control de las divisas, el gobierno creó diversos fondos, siendo el más importante de ellos el Fondo de Desarrollo Nacional -fonden-, que manejó entre 2005 y el 2012 una cuantiosa cantidad de dinero: 102,2 mil millones de usd,7equivalentes a 3 veces las reservas en divisas que se disponían en el país para el 2013 y cinco veces de las que se tienen en el 2014. El traspaso de pdvsa y el bcv a este Fondo se hizo bajo la entelequia de las reservas excedentarias, las que supuestamente superaban un Nivel Adecuado de Reserva, umbral que nunca fue explicado.
Esta es una decisión que desde el gobierno se ha mantenido y profundizado aún en las situaciones críticas como, por ejemplo, la caída de los precios petroleros en 2008, que fue enfrentada vía an con la aprobación y ejecútese de la Ley de Contribuciones Especiales por Precios Extraordinarios de los Hidrocarburos, mediante la cual el gobierno, si el precio del barril está por encima de los 70 dólares, puede utilizar mensualmente la mitad de los ingresos en...
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