La vigilancia comunitaria y la crisis de seguridad ciudadana en Latinoamérica
| Autor | Enrique Desmond Arias/Mark Ungar |
| Páginas | 19-52 |
Page 19
Para citar este artículo: Desmond Arias, Enrique & Ungar, Mark, "La vigilancia comunitaria y la crisis de seguridad ciudadana en Latinoamérica [Community Policing and Latin America's citizen security crisis]", Estudios Socio-Jurídicos, 2013, 15, (1),pp. 19-52.
En las últimas dos décadas, en todo el mundo en vías de desarrollo, el crimen violento ha alcanzado niveles sin precedentes. En Latinoamérica, que es actualmente la región más mortífera del planeta, debido a un aumento del 41 % en el número de homicidios en la década de los noventa,1 la seguridad ciudadana es el asunto de mayor prioridad, según las encuestas nacionales, y es un tema que ha contribuido al colapso de cinco gobiernos democráticos desde el año 2000.2
En respuesta, los Estados han buscado implementar una serie de reformas que van desde nuevos códigos penales hasta la reestructuración de las fuerzas policiales. El enfoque más prometedor y popular para la reducción del crimen es la vigilancia orientada a la comunidad (VOC), la cual,
Page 20
en contraste con las formas tradicionales de vigilancia, ataca las causas raíz del crimen por medio del empoderamiento de los ciudadanos, el establecimiento de alianzas entre la comunidad y la policía, y un mejor uso de las estadísticas de criminalidad.3
Aunque se ha incrementado el número de estudios sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica, en general, se han quedado cortos en cuatro aspectos. Primero, la mayoría de los estudios se enfocan en reformas específicas sin examinar las relaciones políticas que determinan el diseño y la operación de las reformas. Segundo, debido a que se ubican en el marco del debate sobre los derechos humanos, los estudios tienden a describir la vigilancia policial como un problema que se debe resolver, y no como un componente de la gobernanza que se debe desarrollar y manejar.4 Tercero, los académicos y los responsables de las decisiones políticas tienden a simplificar en exceso las relaciones Estado-sociedad en los proyectos de reforma. Por último, la mayoría de los estudios sobre las reformas a la seguridad en Latinoamérica examinan casos específicos sin tener en cuenta los marcos analíticos transfronterizos.5
Al examinar con mayor atención dichas dimensiones, el presente artículo explica por qué algunas reformas han tenido éxito y otras no, por medio del estudio sistemático de los programas de vigilancia comunitaria en dos ciudades en Brasil y en cuatro ciudades en Honduras. El estudio demuestra que tres variables independientes -el compromiso político, la cooperación policial y la inclusión de la sociedad- determinan el éxito de
Page 21
los programas, medido en términos de tres variables dependientes -la tasa de criminalidad, el abuso policial y la participación ciudadana-.6
En las investigaciones sobre la consolidación de la democracia, así como sobre la seguridad ciudadana, se debe prestar mayor atención a las interacciones entre quienes toman las decisiones políticas, la burocracia y la sociedad. El compromiso oficial con la política se debe evaluar no solamente con base en mediciones tales como los presupuestos asignados, sino por los resultados de las medidas específicas tomadas para implementar las reformas. Dado que muchas políticas no demuestran resultados en el corto plazo y se ven afectadas por condiciones que están fuera del control de quienes toman las decisiones, un proceso en el cual los ciudadanos participan y construyen confianza puede ser una medida de éxito, de igual modo que criterios objetivos tales como las tasas de criminalidad.
Los programas que priorizan la participación comunitaria son los que tienen mayor probabilidad de generar cambios reales. Por otra parte, un factor crítico para lograr resultados positivos es contar con actores mediadores con capacidad para desarrollar instituciones cívicas y para articular y dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Los programas donde surge la participación en dos niveles -donde tanto el Estado como los actores sociales apoyan las reformas- serán más efectivos que los programas que dependen solamente de la acción policial. Al demostrar la manera en que el gobierno, la policía y el apoyo cívico generan las reformas, el presente análisis de VOC contribuye al campo más amplio de los estudios sobre la consolidación de la democracia.
En contraste con otros tipos de reforma policial, la VOC se enfoca en la sociedad en vez de en el Estado, minimizando los obstáculos institucionales y políticos, mediante el empoderamiento directo de los ciudadanos, para abordar los problemas antes de que se generen los crímenes, la reorientación de la vigilancia represiva hacia la prevención y el mejoramiento de la justicia penal, a través del fortalecimiento de la recolección de pruebas y
Page 22
la promoción de la cooperación de los testigos de manera no abusiva. Por medio de este proceso, la VOC genera presión popular para cambiar tanto las estructuras policiales como los procedimientos judiciales.7
Los académicos han demostrado que un cambio de política depende de la existencia de relaciones efectivas entre los diversos actores del Estado y de la sociedad civil, y que la oposición social a tales políticas con frecuencia socava los programas apoyados por el Estado.8 Otros sugieren que la implementación de las políticas y la consolidación democrática dependen de la existencia de una sociedad civil activamente involucrada en un Estado democrático.9 Tendler sostiene que los Estados pueden implemen-tar las políticas efectivamente cuando existen relaciones fuertes entre los diferentes niveles de sus entidades, y entre dichas entidades y los actores de la sociedad civil, y cuando se anima a los oficiales de distintos niveles a innovar de forma independiente.10 Ostrom señala que las políticas públicas y la prestación de los servicios tienen éxito cuando los gobiernos involucran a grupos sociales para ayudar a establecer el rumbo de un determinado proyecto, pero, al mismo tiempo, actuando con cuidado para no destruir las formas organizativas locales, debido al liderazgo excesivo desde arriba.11
Involucrar a la sociedad civil no es fácil para los Estados, porque requiere que los oficiales del gobierno incluyan a grupos cívicos tanto en la formulación como en la implementación de las políticas.12 Asímismo, condiciones
Page 23
sociales tales como la desigualdad y la discriminación pueden silenciar a los sectores más afectados por una política.13 Como lo indican Kaufman y Nelson con relación a la política de salud, quienes buscan la reforma se enfrentan a un "rango diverso de oponentes y de grupos indiferentes" en un contexto donde los "beneficios son de largo plazo e inciertos, pero donde el costo político de las reformas es inmediato y claro".14 Dentro del Estado, condiciones tales como la corrupción, la ineficiencia y el "sesgo en la distribución de recursos en favor de los niveles superiores del sistema" también pueden frustrar el cambio.15
En referencia a interacciones similares relacionadas con la vigilancia, varios autores sugieren que los niveles de centralización, autonomía y división política del Estado, la policía y las organizaciones sociales en su conjunto determinan el nivel y la naturaleza de su apoyo.16 Si se incluye en la mezcla el miedo de la sociedad, las prácticas policiales abusivas y los intereses políticos -todos en el contexto de una seguridad pública y crimen organizado de naturaleza cambiantes-, algunas de las políticas estatales pueden ser tan dañinas como prometedoras.
Pero los programas de VOC, cuyas formas específicas a menudo reflejan la zona objetivo, pueden superar tales obstáculos con la mediación interna del Estado o de organizaciones no gubernamentales (ONG) externas, creando el capital social requerido para que los grupos populares efectivamente se involucren con el Estado.17 Es decir, cuando es adecuadamente apoyada por los líderes políticos y manejada conjuntamente con
Page 24
los actores de la sociedad civil, la VOC tiene un impacto positivo sobre la seguridad ciudadana gracias a su énfasis en la prevención del crimen y el empoderamiento ciudadano.
Compromiso político: las políticas innovadoras únicamente avanzan cuando los ejecutivos suministran los recursos e incentivos para que las demás agencias cooperen y coordinen con la policía.18 Sin embargo, la limitación de recursos, las tensiones institucionales y las rivalidades políticas pueden obstaculizar una coordinación efectiva, en especial, si algunos oficiales están a favor de las reformas y sus oponentes apoyan una política de mano dura.19 Por último, ante la ausencia de un cambio institucional, un nuevo gobierno puede desmantelar una reforma asociada a un ejecutivo en particular.
Cooperación policial: el apoyo de la burocracia de nivel medio y bajo y de los oficiales de la fuerza pública es esencial para lograr una reforma, particularmente debido a que su resistencia al cambio puede interferir con el desarrollo y la implementación de los programas. Cuando los oficiales de la fuerza pública perciben que no se ha tenido en cuenta su capacitación profesional y se encuentran resentidos por la usurpación de autoridad, tienden a resistir la VOC. Si bien se puede minimizar la obstrucción cultivando aliados dentro de la policía o mediante la descentralización, el éxito a largo plazo dependerá de reenfocar la vigilancia y el entrenamiento -lo cual puede ser muy difícil, dado los legados de autoritarismo y el poder de una policía descontenta-.20
Inclusión de la sociedad: el conocimiento que tienen algunos ciudadanos es la mejor fuente para diseñar...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba