Violaciones al derecho a la vida
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Violaciones al derecho a la vida
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Violaciones al
derecho a la vida
Durante el año 2016 en Colombia, si bien se registra una tendencia general a la baja en el
número de víctimas mortales por cuenta de la violencia derivada del conflicto armado, se evi-
dencia una tendencia al aumento de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y
defensores de derechos humanos. Durante el 2016 registramos un total de 101 violaciones al
derecho a la vida de defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, con 98 ho-
micidios y tres desapariciones forzadas. De dichos casos, 86 personas eran de sexo masculino;
y 15, de sexo femenino.
Observamos en 2016 varios periodos de aumento de los homicidios. El primero, en marzo, con
13 hechos. Luego, en agosto, con 12 líderes y defensores de derechos humanos asesinados.
Al final del año, volvemos a ver una tendencia al aumento de los asesinatos, con diez casos en
noviembre y otros diez casos en diciembre, como puede verse en la Gráfica 1. Desde el 24 de
agosto, día en que se firmó el Acuerdo Final en La Habana y se acordó el cese al fuego bilateral
y definitivo, ocurrieron al menos 41 asesinatos, lo cual equivale al 41,83% del total de los ho-
micidios de este tipo ocurridos durante el año. De la misma manera, se aprecia que luego de la
firma del 24 de noviembre en el Teatro Colón, se produjeron 12 asesinatos, correspondientes
a un 12,24% del total de homicidios de líderes y defensores de derechos humanos en 2016.
Gráfica 1
Violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores
de derechos humanos durante 2016
14
12
10
8
6
4
2
0
Enero
Julio
Abril
Octubre
Febrero
Agosto
Mayo
Noviembre
Marzo
Septiembre
Junio
Diciembre
Fuente: Listados conjuntos CCJ, Indepaz, Cinep.
Panorama de violaciones al derecho 16
Sector social de la víctima
En cuanto a la condición de las víctimas, como puede verse en la Gráfica 2, es importante
destacar que los líderes indígenas son los principales afectados, con 23 líderes a quienes les fue
violado el derecho a la vida (22,77% del total). De ellos, 14 fueron asesinados en el departa-
mento del Cauca (60,87%), lo cual evidencia la grave situación de derechos humanos que se
presenta en este departamento para los pueblos indígenas.
Gráfica 2
Sector social víctima de violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y
defensores de derechos humanos en 2016 en Colombia
Líder Indígena
23
Líder Campesino
20
Juntas de Acción
Comunal
17
Otros Líderes
Comunales
9
Líder
Afrodescendiente
7
Activista Partido o
Movimiento Político
4
Líder Sindical
3
Activista Estudiantil
3
Docente
3
Activista Comunidad
LGBTI
3
Activista de
Derechos
Humanos
2
Activista de
desplazados
2
Reclamante de
Restitución de
Tierras
2
Abogado
defensor de
DDHH
1
Activista de
Víctimas
1Concejal
1
Fuente: Base de datos de violencia sociopolítica de la CCJ.
El siguiente sector más afectado son los líderes campesinos, con 20 violaciones al derecho a la
vida (19,80% del total); luego se encuentran los líderes de Juntas de Acción Comunal, con 17
casos (16,83 del total); seguidos por los líderes de organizaciones afrodescendientes y Conse-
jos Comunitarios, con siete asesinatos (6,93%).
Organizaciones sociales afectadas
Dentro de las organizaciones sociales más afectadas con la violación al derecho a la vida de sus
miembros y líderes, se encuentran el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el Con-
sejo Regional Indígena del Cauca (Cric), así como la Asociación de Cabildos Indígenas Embera,
Wounaan, Katío, Chamí y Tule, del departamento del Chocó (Orewa), con sus correspondien-
tes organizaciones sociales de base.
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En primer lugar se encuentra Marcha Patriótica con 21 integrantes que han sido privados del
derecho a la vida, los cuales pertenecen a sus distintos sectores y organizaciones afiliadas. De
ellas, las organizaciones campesinas tienen el mayor número de víctimas mortales, siendo las
más afectadas la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina
del Municipio de Corinto (Astrazonac), con dos miembros asesinados. Por otra parte, fue-
ron asesinados dos miembros de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades
Afrodescendientes (Conafro), adscrita a Marcha Patriótica. En cuanto a la autoría, en 12 de
estos casos son grupos paramilitares o narco paramilitares –llamados sucesores del paramilita-
rismo en el Acuerdo de La Habana– los presuntos autores, lo que representa el 57,14% de los
asesinatos contra miembros de Marcha Patriótica.
Lo anterior puede evidenciar la existencia de un patrón de agresiones contra los miembros del
movimiento Político y Social Marcha Patriótica en todo el territorio nacional. Este es un fenó-
meno que viene de años atrás, con la estigmatización por parte de algunos sectores políticos y
funcionarios públicos27, el asesinato de sus miembros y los montajes judiciales de los que han
sido objeto, al igual que con un amedrentamiento contra sus actividades sociales y políticas
desde su creación en el año 2012. Ahora se evidencia un creciente ataque contra sus líderes
locales y regionales, que pueden estar relacionados con su potencial papel dentro del proceso
de implementación de los acuerdos de paz, debido a la presencia de sus organizaciones afiliadas
en las zonas más afectadas por el conflicto y en donde se priorizará la implementación de los
acuerdos.
Las organizaciones indígenas siguen en número de víctimas mortales. Un total de 21 líderes y
defensores de derechos humanos pertenecientes a comunidades indígenas fueron asesinados
en 2016. Por otra parte, se registró el asesinato de tres personas pertenecientes a consejos co-
munitarios afrodescendientes del país en la región del Pacifico, que presenta altísimos niveles
de vulneración de derechos y de desplazamientos forzados, por la arremetida paramilitar de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo o Urabeños) y otros grupos armados
ilegales, además de los legales, en el territorio. En 2016 se registraron, además, asesinatos de
17 miembros de Juntas de Acción comunal de distintos sectores tanto urbanos como rurales,
de los cuales dos son líderes campesinos y a su vez líderes de JAC28. Los asesinatos de este tipo
de líderes comunales pueden estar relacionados con intereses políticos, económicos y militares
que buscan atacar las organizaciones sociales para atomizarlas y controlar el poder local.
Todas estas organizaciones tienen en común que han estado vinculadas de una manera u otra al
proceso de paz, participando en la construcción de propuestas para cada uno de los puntos de la
agenda de negociación y realizando jornadas de pedagogía de paz en los territorios y campañas
por el “Sí” para el plebiscito. Además se están preparando para participar en la implementación
de los acuerdos. El ataque contra organizaciones sociales rurales de comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes puede estar relacionado con los intereses de sectores políticos
y económicos que ven con temor la implementación de los acuerdos de paz. La Defensoría del
Pueblo, en su reciente y ya citado Informe de Riesgo, señala que, a lo anterior:
27 “La continuidad en el ejercicio de la violencia contra las organizaciones y líderes comunitarios en el país tiene raíces en la estigma-
tización de su labor por parte de diferentes actores sociales, políticos, económicos y armados, quienes han considerado que estos
movimientos constituyen un cuestionamiento al statu quo y por ende una acción próxima a la subversión del orden social e institucional”.
Defensoría del Pueblo (30 de marzo de 2017). Informe de Riesgo N.° 010-17 A.I., p. 39.
28 Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones civiles cuyo objetivo es la participación ciudadana en el manejo de sus comuni-
dades. Las JAC sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal. Están encargadas de repre-
sentar a las poblaciones ante el Gobierno y de buscar el bienestar ciudadano identificando las principales necesidades de la comunidad.
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