Donde yace la libertad: Sociedad civil y derechos individuales después de 9/11
| Autor | David Cole |
| Páginas | 1-72 |
UNA Revista de Derecho
Vol. 2: 2017
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Si alguna persona le hubiera contado, el 11 de septiembre de 2001, que
Estados Unidos no sería capaz de hacer lo que quisiera en respuesta a los
ataques terroristas de ese mismo día, usted probablemente hubiera
cuestionado su cordura. Estados Unidos era el país más poderoso del
mundo, y tenía la simpatía del resto del mundo en el período posterior a los
ataques. ¿Quién lo detendría? (¿Quién iba a detenerlo?) Al Qaeda tenía
pocos amigos más allá de los talibanes. Históricamente, el Congreso y las
cortes habían casi siempre deferido al ejecutivo en tiempos de crisis como
este. Y era poco probable que el sector político norteamericano se opusiera a
las medidas que sacrificaban los derechos de otros –árabes, musulmanes y
especialmente extranjeros árabes y musulmanes– por la seguridad de los
americanos (norteamericanos).
Sin embargo, tal vez la lección más importante y sorprendente de la última
década es que los derechos constitucionales y humanos, que parecían tan
vulnerables después de los ataques, demostraron ser mucho más
resistentes de lo que muchos habrían predicho. La administración del
presidente George W. Bush inicialmente tuvo que enfrentar las
limitaciones del derecho constitucional, estatutario e internacional,
considerados como obstáculos inconvenientes en el camino a la seguridad1.
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1 Ver, i.e., JANE MAYER, THE DARK SIDE: THE INSIDE STORY OF HOW THE
WAR ON TERROR TURNED INTO A WAR ON AMERICAN IDEALS (2008)
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La administración actuó como si nadie se atreviera a limitarlo. Pero con el
tiempo, la rama ejecutiva de la nación más poderosa del mundo se vio
obligada a adaptar su respuesta a las exigencias legales.
Igualmente sorprendente resulta que estas limitaciones en su mayoría eran
impuestas, no por los mecanismos formales de pesos y contrapesos, sino por
influencias más informales, usualmente provocadas por los esfuerzos de las
organizaciones de la sociedad civil que defendían, educaban, organizaban,
demostraban y litigaban por los derechos humanos y constitucionales.
Tradicionalmente se entiende que el sistema constitucional norteamericano
está basado en la división de poderes y en el control constitucional para
proteger la libertad e imponer restricciones legales a los oficiales
gubernamentales. Después del 11 de septiembre, sin embargo, como en
otros períodos de crisis en la historia americana, todas las tres ramas
usualmente coincidían en su compromiso con la libertad, igualdad,
dignidad, debido proceso, y el Estado de derecho2. Por el contrario, los
grupos de la sociedad civil dedicados a los valores constitucionales y del
Estado de derecho, como la Unión Americana de Libertades Civiles, el
Centro para los Derechos Constitucionales, la American Bar Association,
Human Rights Watch, Human Rights First, el Comité de Defensa de la
Declaración de Derechos, el Proyecto de la Constitución, el Consejo
Musulmán de Asuntos Públicos, y el Consejo para las Relaciones
americano-islámicas, consistentemente defendieron derechos humanos y
constitucionales –y al hacerlo reforzaron la labor de revisión del derecho
constitucional e internacional. Publicaron informes identificando y
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(contando las decisiones internas para sortear las limitaciones legales a partir del
11 de septiembre); DAVID COLE & JULES LOBEL, LESS SAFE, LESS FREE:
WHY AMERICA IS LOSING THE WAR ON TERRORISM 23-101 (2007)
(catalogando las medidas ilegales de la administración de Bush a partir del 11 de
septiembre); Richard Falk, The Abandonment of International Law After 9/11,
Presentation to the Congressional Black Caucus Annual Legislative Conference
(Sept. 21-24, 2005), disponible en h.
2 Refiriéndome al "Estado de derecho", me refiero no solamente al sentido
fulleriano de transparencia y regularidad procesal, ver LON FULLER, THE
MORALITY OF LAW (1964), sino el mas moderno y coloquial sentido del término,
el cuál es utilizado a menudo como una palabra corta para abarcar compromisos
con la libertad, igualdad, privacidad, dignidad y la separación de poderes. Me
referiré, además, a estos "derechos humanos y constitucionales" al tiempo que
hablaré no solamente a la ley constitucional doméstica sino a los derechos
humanos internacionales y la ley humanitaria, así como las restricciones
estatutarias que promuevan tales derechos (como es el Código Uniforme de
Justicia Militar y los estatutos de tortura criminal y crímenes de guerra).
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condenando actividades ilegales3, proporcionaron material y recursos a los
medios para regar la voz4, presentaron demandas en foros internacionales
desafiando iniciativas ilegales5, organizaron y educaron al publico sobre la
importancia de adherirse a compromisos por los derechos humanos y
constitucionales6, testificaron en audiencias del Congreso sobre tortura,
vigilancia ilegal y Guantánamo7; y coordinaron con gobiernos extranjeros y
organizaciones no gubernamentales para ejercer presión diplomática sobre
Estados Unidos para que ajustara sus acciones al derecho constitucional e
internacional8.
Los académicos se han enfocado en el rol que juegan las constituciones y las
estructuras formales de gobierno en reforzar los compromisos frente a los
principios de largo plazo cuando las fuerzas políticas ordinarias se inclinan
por buscar atajos9. La experiencia de Estados Unidos durante la década
después del 11 de septiembre sugiere que este enfoque está incompleto;
deberíamos poner al menos la misma atención al trabajo que hacen los
grupos de la sociedad civil para hacer cumplir los derechos constitucionales.
Al igual que la Constitución en sí misma, estos grupos representan, y
afianzan, los compromisos a los principios cuando esos compromisos son
puestos a prueba. Y a pesar de que generalmente hablamos
metafóricamente sobre una “Constitución viviente”, los grupos de la
sociedad civil son realmente la encarnación de estos compromisos,
compuestos por seres humanos que se han unido por la dedicación que
comparten frente a los principios de los derechos humanos y
constitucionales. Por lo tanto, todos están bien posicionados para
influenciar la reacción en tiempo real del sector político y del gobierno, y en
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3 Ver, i.e., Presumption of Guilt: Human Rights Abuses of September 11 Detainees,
14.4(G) HUMAN RIGHTS WATCH (2002), disponible en
http://www.hrw.org/reports/2002/us911/USA0802.pdf [hereinafter Presumption of
Guilt].
4 Id.
5 ACLU in the Courts Since 9/11, AM. CIV. LIBERTIES UNION (Oct. 12, 2006),
disponible en http://www.aclu.org/pdfs/safefree/since911docket_20061013.pdf.
6 Ver de manera general, Pressumption of Guilt, nota supra 3.
7
Ver
, i.e., Testimony of Washington Legislative Office Director, Caroline
Fredrickson, En A Democratic Hearing to Investigate NSA Wiretapping Program
(Ene. 20, 2006), Disponible en testimony-washington-legislative-office-director-
carolinefredrickson-democratic-h. 8. Ver infra notas 131-145 y texto acompañante.
8
Ver notas infra
131-145 y texto acompañante.
9
Ver
, i.e., ALEXANDER BICKEL, THE LEAST DANGEROUS BRANCH (1986);
JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST (1980); Doni Gerwirtzman,
Our Founding Feelings: Emotion, Commitment, And Imagination in Constitutional
Culture, 43 U. RICH. L. REV. 623, 623-24 (2009).
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