Demandas judiciales de interés público: perspectivas desde la teoría y la práctica
| Autor | Scott L. Cummings y Deborah L. Rhode |
| Páginas | 285-369 |
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DEMANDAS JUDICIALES DE INTERÉS
PÚBLICO: PERSPECTIVAS DESDE
LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA
Scott L. Cummings
Deborah L. Rhode
introducción
En la lucha estadounidense por la justicia social, las demandas
judiciales de interés público han tenido una importancia indiscu-
tible. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, las críticas
provenientes de la derecha y de la izquierda han cuestionado
su capacidad de garantizar cambios sistémicos. Las críticas han
sido diversas, pero se han centrado en dos pretensiones básicas.
La primera es que el uso de los tribunales no puede por sí mismo
reformar las instituciones sociales. La segunda preocupación,
relacionada con la anterior, es que un exceso de confianza en los
tribunales distrae los esfuerzos de estrategias potencialmente más
productivas, y desempodera a los grupos que los abogados preten-
den ayudar. El resultado es demasiado derecho y muy poca justicia.
Estas críticas, aunque poderosas en su análisis de los límites
del uso de los tribunales, no han reconocido en general de forma
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adecuada las contribuciones de los tribunales ni las formas com-
plejas en la que los procesos legales pueden apoyar la moviliza-
ción política.1 Si hay ejemplos que cuentan la dominación de los
abogados, también hay relatos opuestos de empoderamiento de
los clientes y demandas dirigidas por la comunidad.2 Mientras los
críticos liberales hablaban mal de confiar en los tribunales, los
activistas conservadores han recurrido a ellos en sus esfuerzos
por bloquear o revertir los cambios progresistas.3
Este capítulo pretende situar el debate en torno a las demandas
judiciales de interés público, en un contexto teórico y empírico más
rico. En esencia, nuestro argumento es que esa clase de demandas
son una estrategia imperfecta, pero indispensable, para conseguir
el cambio social. Nuestro reto es aumentar su efectividad mediante
una mejor comprensión de sus capacidades y restricciones. Con
ese fin, nos basamos en dos conjuntos de obras, procedentes de la
investigación sobre derecho y cambio social, y de la investigación
sobre filantropía social. El primer conjunto ofrece una imagen
empírica y teórica detallada sobre cómo los abogados movilizan
el derecho para cambiar las normas institucionales y redistribuir
el poder.4 En su dimensión empírica, esa investigación explora
los ideales y las prácticas de los abogados dedicados al interés
1 Véase Richard L. Abel, Politics by Other Means: Law in The Struggle against
Apartheid, 1980-1994 (1995); Michael McCann y Helena Silverstein, “Rethin-
king Law’s ‘Allurements’: A Relational Analysis of Social Movement Lawyers in
the United States”, en Cause Lawyering: Political Commitments and Professional
Responsibilities (Austin Sarat y Stuart Scheingold, eds., 1998), p. 261.
2 Véase Michael Mccann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of
Legal Mobilization (1994); Scott L. Cummings, “Law in the Labor Movements
Challenge to Wal-Mart: A Case Study of the Inglewood Site Fight”, 95 Cal. L.
Rev. 1927 (2007) [Cummings, “Wal-Mart”].
3 Véase Ann Southworth, Lawyers of The Right: Professionalizing the Conservative
Coalition (2008); Steven Teles, The Rise of the Conservative Legal Movement:
The Battle for Control of the Law (2008); Deborah L. Rhode, “Public Interest
Law: The Movement at Midlife”, 60 Stan. L. Rev. 2027, 2037 (2008).
4 Stuart A. Scheingold y Austin Sarat, Something to Believe in: Politics, Profes-
sionalism, and Cause Lawyering (2004), p. 3; véase, también, Cause Lawyering:
Political Commitments and Professional Responsibilities, supra nota 1.
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público, y cómo sus estrategias están informadas por el lugar
donde trabajan: organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al
interés público, grandes despachos de abogados con programas
pro bono, despachos de abogados que apoyan a los demandantes
y los consultorios de las facultades de Derecho.5 En su dimen-
sión teórica, esta literatura se basa en la sociología del derecho
y los movimientos sociales para explorar la interacción entre los
procedimientos jurídicos y la movilización política. Un segundo
conjunto de obras, que se concentra en la filantropía estratégica,
ofrece importantes ideas sobre cómo las organizaciones de interés
público y los programas pro bono pueden dirigir de la forma más
efectiva sus esfuerzos de reforma social.
Extraemos varias lecciones de esta investigación. La primera es
que el uso de los tribunales, si bien es una estrategia necesaria del
cambio social, nunca es suficiente; no puede funcionar de forma
efectiva aislada de otros esfuerzos de movilización. En segundo
lugar, el dinero importa: cómo se financia el derecho de interés
público afecta las clases de casos en los que se trabaja y sus efectos
sociales probables. Una comprensión profunda de las restricciones
y oportunidades financieras en diferentes contextos de práctica
es, por consiguiente, esencial para una reforma efectiva. Una
tercera idea clave es la importancia de la evaluación sistemática.
Solo mediante valoraciones más reflexivas de los efectos del uso
de los tribunales podemos ser conscientes de su pleno potencial
para conseguir la justicia social.
Todo análisis de estos problemas enfrenta un problema inicial
conceptual: establecer qué constituye una demanda judicial de
interés público. El concepto de “interés público” es controvertido,
5 Véase Laura Beth Nielsen y Catherine R. Albiston, “The Organization of Pu-
blic Interest Practice: 1975-2004”, 84 n.c. L. Rev. 1591 (2006); Rhode, “Public
Interest Law”, supra nota 3; véase, también, Deborah L. Rhode, Pro bono in
Principle and in Practice (2005); Southworth, supra nota 3; Scott L. Cummings,
“The Politics of Pro bono”, 52 ucLa L. Rev. 1 (2004); Scott L. Cummings y Ann
Southworth, “Between Profit and Principle: The Private Public Interest Firm”,
en Private Lawyers and The Public Interest: The Evolving Role of Pro bono in the
Legal Profession (Robert Granfield y Lynn Mather eds., 2009).
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