Gerencia empresarial y estratégica en los proyectos de infraestructura física frente a las compensaciones y la consulta previa en Colombia
| Autor | Jahir Alexander Gutiérrez Ossa |
| Cargo | Economista de la Universidad de Medellín, Colombia |
| Páginas | 2-34 |
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El llamado global a las empresas para que modifiquen sus prácticas productivas en las actividades extractivas, de exploración, explotación, a la vez que de ejecución de megaproyectos, reorienta el patrón gerencial hasta ahora vigente. Literalmente, las compañías han respondido siempre a sus propias necesidades y requerimientos, a pesar de las demandas o reclamos a morigerar sus actuaciones, sin embargo, la situación se torna exigente en la medida en que responde al clamor mundial de consultar previamente a la población en donde han considerado realizar alguna de las actividades referidas.
Las empresas dedicadas a la actividad de infraestructura física, hidroeléctrica, minera y petrolera en el mundo están siendo compelidas a socializar sus actividades con la población y el territorio en el cual aspiran a desarrollar o proseguir sus actividades. Este proceso, catalogado de manera genérica como consulta previa, implica para las empresas la revaloración de su estructura de gestión y organización, escenario acostumbrado a considerar y resolver las dificultades directamente con estamentos del orden central o instituciones de corte ministerial, pero en ningún momento bajo revisión de la lupa local - regional.
Este mecanismo crea para las empresas un nuevo contexto en materia de costos sociales de transacción, por el papel transversal que en adelante adquiere la consulta previa a la hora en que asuman con criterios claros su interacción con la población y el territorio en el cual está afincada alguna de las actividades mencionadas. En este sentido, la revisión del foco de externalidades que pueden crear las compañías, a la par con las circunstancias que estas pueden representar para su desempeño como organización y firma, ubica a las empresas en la necesidad de dar a conocer abiertamente los criterios de desempeño externo en su política gerencial.
Es claro que las aplicaciones teóricas dispuestas por el análisis institucional en cuanto a los costos sociales de transacción, la teoría de la firma, las externalidades y el análisis económico del derecho contienen los elementos que pueden ser útiles a la hora de explicar los criterios que deben adoptar las empresas para establecer sobre las prerrogativas de la consulta previa una oportunidad. Es hora de que las empresas establezcan realmente el marco de referencia dentro del cual hacen gestión en los territorios en donde tienen asiento, para mejorar los criterios gerenciales en la materia y permitir la tra-zabilidad de las decisiones, que depende de la fundamentación en que se apoyan.
En el caso de las empresas de los sectores hidroeléctrico, minero y petrolero en Colombia, para compatibilizarsus intereses con las exigencias y pretensiones de los territorios en donde tienen asiento es necesario profundizar sobre la estructura de composición y gestión que rodea este tipo de apuestas, así como en las perspectivas que sobre ellas tiene la población afectada o receptora de su presencia, las cuales, es bien conocido, resultan poco halagadoras en materia de beneficios, impactos y resultados, conforme
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a los argumentos de la población ubicada en los territorios en donde terminan edificados los proyectos.
Las empresas dedicas al desarrollo de infraestructura, proyectos hidroeléctricos, extracción minera y exploración petrolera están expuestas, más que cualquiera otra organización, al permanente rechazo, relacionado directamente con su actividad; la situación raya de constante cuando se trata de evidenciar su reciprocidad. Dicha oposición ha servido para auspiciar una serie de discursos antiempresariales connotados con un halo de fundamentos nacionalistas, que no han servido para estimar la conveniencia o medida de hasta dónde es necesaria su presencia en dichos frentes. Argumenta Slack (2011, p. 5):
Debido a la incapacidad de los organismos estatales locales de supervisar las operaciones de extracción, a menudo las empresas y las comunidades locales interactúan sin ningún tipo de intervención o intermediación. Como resultado de esto, en muchos casos, las relaciones entre las empresas y las comunidades tuvieron como preludio la violación del derecho de las comunidades de ser debidamente consultadas e informadas sobre el posible impacto de un proyecto.
Es, precisamente, el desconocimiento que se tiene respecto a la manera como debe analizarse o entenderse la acción de estas compañías, el epicentro de interés para considerar como campo de referencia crucial el poder establecer las bondades de lo que significa para ellas alternar la cotidianidad de sus labores con las circunstancias de naturaleza pública o social que deben asumir cuando aparecen querellas o reclamos relacionados con el desempeño de su actividad y las posibles afecciones que estas podrían crear. Indica Ricco (2011, pp. 32-33):
En materia de responsabilidad en la cadena de valor, las Empresas Multinacionales (EMNs), deberán no solo analizar los posibles impactos negativos -actuales y/o potenciales- derivados de sus actividades; también deberán incluir a sus proveedores y a otras empresas con las que realizan negocios. Esto cobra más relevancia aun si se consideran los aumentos de las contrataciones en los procesos de producción en los países en desarrollo, por parte de las empresas multinacionales.
La gerencia empresarial ha estado dirigida a reconocer muchos frentes en el círculo de las compañías, normalmente relacionados con problemáticas vinculadas a la competencia o el mercado. Esta vez, el interés estriba en aprovechar las vicisitudes que deben afrontar las empresas hidroeléctricas, de infraestructura, mineras y petroleras, para evidenciar la capacidad de respuesta gerencial a la hora de tomar decisiones surgidas de las disquisiciones del entorno, y la posibilidad de generar condiciones que puedan aprovecharse para su gestión en el medio. Reitera Slack (2011, p. 5):
Las empresas también carecen de mecanismos efectivos para identificar y abordar proble-
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mas de derechos humanos. Si bien casi todas las empresas cuentan con personal encargado de la promoción de la "responsabilidad social corporativa" y algunas incluso contratan a especialistas en derechos humanos con dedicación exclusiva, las comunidades locales a menudo se quejan de que estas personas no garantizan un acceso real a recursos frente a las violaciones de derechos humanos que se producen. Y aun cuando las empresas han comenzado a implementar procesos más formales de atención y resolución de denuncias, es difícil apreciar en qué medida estos mecanismos pueden ofrecer recursos efectivos si se plantean y tramitan en su totalidad ante las mismas empresas a las que se acusa de haber violado derechos humanos.
El caso colombiano sirve de base para analizar, en consecuencia, las características generales que presentan las empresas dedicadas a estos menesteres, máxime cuando en el momento desde el Estado y la propia Nación se está haciendo un llamado a replantear la política contractual en los frentes de producción comentados. En este sentido, es de aprovechar entonces la coyuntura que se presenta en el país, no solo para evidenciar las condiciones en que se encuentran dichas empresas, sino para contribuir en la discusión y formular propuestas con respecto a la dirección que debe tomarse. En el marco del panel nacional itinerante: Política minero energética y sus conflictos en Colombia, publicado en el boletín Impactos (2007, p. 20), se expresó:
Se encuentran en curso y planeación diversos proyectos de gran envergadura como represas, plantaciones para agro combustibles, explota-ciones mineras, intensificación de la actividad petrolera, construcción y ampliación de puertos, vías y proyectos de interconexión eléctrica entre otros, enmarcados en una política minero-energética que sigue los lineamientos de la Banca Internacional. El modelo adoptado no responde a las necesidades ni a las formas de vida de los diversos pueblos y comunidades que habitan el territorio colombiano.
Si bien tales preocupaciones tienen relación con la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente, la realidad es que estas compañías no cuentan con una fehaciente estimación sobre la cual apoyar su quehacer. Lo único claro es que representan un conjunto de actividades que permanentemente están expuestas a diversas amonestaciones, fustigaciones y exaltaciones. En el mundo el tema está ubicado en su punto más álgido, particularmente por las exigencias ambientales y de sostenibilidad que hoy hacen parte de la partitura sobre la cual debe ser trazada la misión de las empresas. Argumentan León y Bonilla (2008, p. 4):
Generalmente el desarrollo de los proyectos de integración energética no ha sido precedido por un amplio debate sobre los posibles impactos socio ambientales que estos podrían producir, tales como el desplazamiento de comunidades, la pérdida de tierras para cultivos, el impacto sobre el acceso de las comunidades al agua, la violencia e intimidación por parte del Estado y de las empresas ejecutoras de los proyectos, etc. El hecho de la poca apertura pública para la discusión sobre los impactos potenciales, se ha traducido en una alta conflictividad social y oposición de las comunidades que viven alrededor de los mega proyectos. Existe una gran
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preocupación en varios sectores de la sociedad civil -comunidades, movimientos sociales y grupos ecologistas- sobre todo por los graves impactos que la implementación...
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