Un marco analítico para evaluar los cambios
| Autor | Carlo Nasi |
| Páginas | 203-234 |
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En el caso guatemalteco, después de la intervención norteame-
ricana del 54, las constituciones del 56 y 65 expresamente tenían
como uno de sus artículos, la prohibición del funcionamiento
de or ganizaciones que propugn aran la ideología comunista.
Había un mandato constitucio nal que excluía. Pero no sólo
era espe cíficamente a los comunistas, no. En ese rango entró
izquierda moderada, e ra muy arbitrario por así decirlo. En-
tonces la participa ción de las fuerzas socialdemócrata s en el
país, las que se decidieron a participar abiertamente en algún
momento, sus líderes fueron eliminados. Cayeron producto de
la represión política
(Entrevista con teniente coronel guatemalteco, Ciudad de Gua-
temala, 1998)
Introducción
En los capítulos previos argumenté que las guerras civiles
dificultan la instalación de poliarquías en sentido pleno, y
discutí las razones por las cuales las aperturas democráticas
y los acuerdos de paz eliminan las barreras de acceso al Esta-
do. Sin embargo, no exploré los cambios observados en mis
estudios de caso, tema a tratar en el presente capítulo y los
dos siguientes.
Tal y como se planteó anterior mente, los acuerdos de
paz son condiciones necesarias aunque insuficientes para la
instalación de una poliarquía en sentido pleno. Los acuerdos
de paz conllevan una reducción sustancial en los niveles de
violencia política, lo que elimina un obstáculo importante
para el libre funcionamiento de asociaciones autónomas que
buscan influir en el proceso de toma decisiones colectivas. Di-
chos acuerdos introducen una situación permisiva, la cual, por
sí sola, no produce una transición desde regímenes políticos
no representativos a regímenes genuinamente representativos.
Aun con la ausencia de violencia política sistemática, distintos
grupos marginados, como los sectores pobres, las mujeres o
las minorías étnicas, tendrán que superar obstáculos enormes
para que sus voces sean tenidas en c uenta y tengan algún
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c ar lo n as i
impacto en el sistema político. Otros factores, como los pro-
blemas de acción colectiva, la corrupción, la globalización, la
excesiva e indebida influencia en el Estado de grupos privados
poderosos, o la falta de responsividad burocrática, entre otros,
también pueden impedir que la “voz de muchos” tenga algún
impacto en el proceso de toma de decisiones.
Los acuerdos de paz exitosos introducen las bases funda-
mentales del pluralismo, lo que constituye una precondición
necesaria para que se produzca una democratización plena.
Dichos acuerdos brindan garantías de que no habrá ataques
violentos en contra de los grupos organizados de oposición
que intentan que se tengan en cuenta su voz y su voto; o al
menos, dichos ataque s son a nómalos, en contraste co n lo
que sucede durante las guerras civiles. Adicionalmente, los
acuerdos de paz impiden que los funcionarios electos –espe-
cialmente en el nivel local– se vuelvan presa de la dinámica
de p olarización t ípica de las guerras. En principio, di chos
funcionarios pod rán permanecer en sus cargos durante el
término previsto por la ley, sin sufrir presiones armadas que
distorsionen sus mandatos o produzcan un vacío de poder.
En mis estudios de caso, las medidas democratizadoras pre-
cedieron a los acuerdos de paz. Es decir, Colombia, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua adoptaron mecanismos de rotación
del poder antes que los gobiernos firmaran acuerdos de paz
con las respectivas organizaciones guerrilleras. No obstante,
en medio de la guerra de guerrillas, la competencia electoral
se vio restringida por alguna combinación de los siguientes
factores: a) altos niveles de violencia política; b) prohibiciones
legales a la existencia de ciertos partidos de oposición; y c) el
rechazo de la oposición a participar en las elecciones.
Cada país revela una mezc la peculiar de estos tres e le-
mentos. En Guatemala, por ejemp lo, luego d e la ap ertura
democrática de 1984, sólo se permitió participar en las elec-
ciones a aqu ellos par tidos qu e los militares consideraron
como “aceptables” (Jonas 1995: 28), a la vez que numerosos
asesinatos extrajudiciales intimidaron a los potenciales can-
didatos de oposición. En este sentido, un reporte de Infopress
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Capítulo 5
Centroamericana (1985: 25-28) menciona una “ola intensiva”
de secuestros y asesinatos que precedió a la Asamblea Cons-
tituyente de 1984, así como un resurgimiento de la violencia
política antes de las elecciones de 1985.
Los movimientos populares y los partidos políticos de la
izquierda guatemalteca fueron destruidos o forzados a operar
en la clandestinidad, en razón de la violencia a comienzos de
los ochenta (Infopress Centroamericana 1985: 36). El Frente
Unido de la Revolución (fur), por ejemplo, alcanzó su pico
organizacional en 1979, pero su líder Manuel Colom fue ase-
sinado ese mismo año, poco después de haber inscrito a su
partido para participar en las elecciones. El primer secretario
general del Partido Social Demócrata (psd), Alberto Fuentes,
también fue asesinado en 1979, y los dirigentes restantes de
este partido fueron forzados a exiliarse en Costa Rica, luego
de recibir amenazas de muerte (unos pocos funcionarios del
psd permanecieron en Guatemala, pero fueron intimidados)
(fundesa 1990). La persecución política produjo una severa
desarticulación de la izquierda legal, sector que, debido a la
violencia, perdió a sus líderes más prominentes y v io dismi-
nuir su capacidad organizacional en un corto lapso. Para las
elecciones de 1985, el espacio político fue copado por partidos
de derecha y centro-derecha, aun cuando una débil fracción
del psd (cuyos principales líderes estaban exilio) participó en
las elecciones.
El panorama político no cambió mucho al aproximarse las
elecciones de 1990, que se dieron en un contexto de medidas
represivas. El ejército había adelantado una intensa campaña
contrainsurgente a mediados de 1987, y el Estado optó por dar
una respuesta coercitiva frente a las movilizaciones popula-
res que se produjeron a raíz de la crisis económica de 1989.
Varios candidatos de oposición fueron asesinados antes de la
fecha de las elecciones, con lo cual nuevamente la violencia
“restringió el espectro político al desestimular la par ticipa-
ción en el proceso político” (Jonas 1995: 31). Las tácticas de
intimidación fueron tan efectivas que, de los trece candidatos
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