Nota editorial
| Autor | Derecho Penal y Criminología |
| Páginas | 9-10 |
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NOTA EDITORIAL
El principio de separación de poderes, invaluable conquista del Estado moderno y
de Estado Social y Democrático de Derecho, a partir del cual la autonomía e indepen-
dencia de la Rama Judicial se erige como uno de los caracteres esenciales que debe
guiar el cumplimiento de su rol en el interior del sistema jurídico y que, estructurado
en la Constitución Política, es el sustrato que legitima desde una perspectiva teórica
el ejercicio del poder judicial, como órgano al que se le adscribe la misión esencial
esenciales del Estado.
En el plano práctico, particularmente de cara a la sociedad, la legitimación del poder
judicial deriva de factores como la sujeción de sus funcionarios al imperio de la Cons-
titución (en estricto sentido, del bloque de constitucionalidad) y la ley; la adopción
de decisiones libres de presiones e interferencias de naturaleza política, económica,
que abarca la necesidad de aprestigiar el rol de administrador de justicia, mediante la
toma de posturas éticas, probas y transparentes. En Colombia, tal forma de proceder
caracteriza la administración de justicia como regla o, mejor, como principio general
que encauza el comportamiento de la inmensa mayoría de funcionarios dedicados a la
loable labor de impartir justicia.
Desafortunadamente, al igual que en otros países, un reducido número de servidores
judiciales (casos excepcionales) adoptan conductas que contribuyen al desprestigio y
-
defender o propender al logro de intereses particulares –incluso económicos–, máxime
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