El nuevo reto de la contratación pública para afianzar la integridad y el control: reforzar el profesionalismo y la transparencia
| Autor | Elisenda Malaret |
| Páginas | 21-60 |
REVI STA DIGITAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, N. º 15, P RIMER SEM EST RE/ 2016, PP. 21-6 0
El nuevo reto de la
contratación pública
para afianzar la integridad
y el control: reforzar
el profesionalismo
y la transparencia
ELIS EN DA MA LA RE T1
RESUMEN
Desde febrero de 2013 la corrupción ha pasado a constituir el segundo pro-
blema para los españoles. En la medida en que la corrupción tiene una de sus
principales fuentes en la mala administración relacionada con la gestión de los
recursos públicos y en especial con la contratación pública, establecer medidas
destinadas a prevenir o evitar las malas prácticas es una tarea esencial para
el derecho administrativo. El artículo presenta algunos aspectos del proceso
decisional que deberían ser rediseñados a efectos de reducir la posibilidad de
evitar abusos de poder por razones relacionadas con la obtención de ventajas
personales; se trata de minimizar la posibilidad de adoptar decisiones inco-
rrectas y que persiguen ganancias personales indebidas.
Palabras clave: corrupción, gestión de recursos, contratación estatal, buena
administración, malas prácticas, profesionalismo.
1 Doctora en Derecho y catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona,
Barcelona, España. Correo-e: elisenda.malaret@ub.edu Fecha de recepción: 14 de enero
de 2016. Fecha de modificación: 25 de mayo de 2016. Fecha de aceptación: 31 de mayo
de 2016. Para citar el artículo: Malaret, E. (2016). El nuevo reto de la contratación públi-
ca para afianzar la integridad y el control: reforzar el profesionalismo y la transparencia.
Revista digital de Derecho Administrativo n.º 15, primer semestre, Universidad Externado de
Colombia, pp. 21-60. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/21452946.n15.04
Elisenda Malaret
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New Challenges of Public Procurement:
Restoring Confidence, Integrity and Control
through Professionalism and Transparency
ABSTRACT
As of February 2013, corruption has become the second major issue for the
Spanish people. It is mainly rooted in the poor administration of public funds
and especially in public procurement and therefore the need to establish means
to prevent and avoid these bad practices must become an essential purpose of
Administrative Law. This paper presents some aspects of the decision-making
process that ought to be redesigned in order to reduce the abuse of power
and personal advantage. The end goal is to minimize the possibility that the
government has of adopting improper decisions and choices that seek to pro-
mote illegal personal gain.
Keywords: Corruption, Management of Public Funds, Public Procurement,
Good Administration, Bad Practices, Professionalism.
INTRODUCCIÓN
En los albores del siglo XX –en un período de grandes transformaciones sociales,
económicas y políticas– la corrupción fue identificada como una de las peores
plagas que asolaban los gobiernos locales y estatales de Estados Unidos (con
mayores responsabilidades que el gobierno federal en aquella época), en manos
de maquinarias que traficaban con votos y favores y actuaban al servicio de los
grandes trusts. La eclosión del periodismo de investigación y el incremento
de la difusión de los periódicos crearon un amplio movimiento de denuncia
frente a las injusticias sociales y los excesos mercantiles que con la corrupción
política eran considerados los grandes males que amenazaban seriamente el
desarrollo y el porvenir del país y socavaban la confianza ciudadana. Ante
aquel panorama el movimiento progresista de los alcaldes y gobernadores re-
formistas de algunas grandes ciudades y algunos estados –primero, y más tarde
por los presidentes Th. Roosevelt y W. Wilson– impulsó grandes cambios,
introduciendo medidas para limitar el poder de las grandes corporaciones y
fortalecer la toma de decisiones de las instituciones públicas, entre muchos
otros aspectos.
En la esfera institucional algunas enseñanzas de aquella época pueden ser
de utilidad. Las medidas adoptadas para delimitar el ámbito de decisión de los
electos (políticos) y los gestores (profesionales) cobran renovada actualidad
en el panorama español, y muy especialmente en el sector de la contratación
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pública. La introducción del profesionalismo –mediante la figura de los mana-
gers locales y el afianzamiento de la función pública– fue una de las apuestas
relevantes (puesto que ha perdurado en el tiempo) de los paquetes de amplias
reformas que en aquel entonces se adoptaron y que contemplaban un abanico
de medidas de regeneración democrática y de extensión del voto.
Desde febrero de 2013 la corrupción ha pasado a constituir el segundo pro-
blema para los españoles –después del paro, que continúa siendo el principal
problema y que se sitúa en un orden de magnitud muy distinto2–, si atende-
mos a los Barómetros que publica regularmente el CIS3. En la medida en que
la corrupción tiene una de sus principales fuentes en la mala administración
relacionada con la gestión de los recursos públicos, y muy en especial con la
contratación pública –así como también con el urbanismo–, establecer me-
didas destinadas a prevenir o evitar las malas prácticas es una tarea esencial
para el derecho administrativo. Es cierto que esta no es una cuestión que se
dé solamente en España, y buena muestra de ello son los trabajos publicados
por diferentes organizaciones internacionales. A título de ejemplo podemos
recordar cómo ya en 2007 la OCDE señalaba que “la contratación pública ha
sido considerada como la actividad gubernativa más vulnerable a la corrup-
ción”, y vinculaba este fenómeno a la ubicación de la contratación pública,
por el hecho de estar inserta entre el sector público y el sector privado4. Las
políticas de privatización de medios y recursos en distintos sectores de la acti-
vidad pública así como el creciente uso de la externalización de determinados
cometidos han incrementado la relevancia e interés del tema.
La preocupación que reflejan las encuestas muestra la percepción ciuda-
dana ante la eclosión de casos de corrupción que se han venido sucediendo
los últimos años. La corrupción quizás no tiene carácter sistémico en nuestro
país5, como reiteradamente ponen de manifiesto los estudios académicos y de
organizaciones como Transparency International6, pero los casos han aumen-
tado mucho desde la irrupción de la crisis; según datos de la Memoria de la
Fiscalía General del Estado de 2013, los casos de corrupción aumentaron un
2 Así, a título de ejemplo, en octubre de 2013 el paro era considerado el principal problema
por un 77,4% de los españoles y en diciembre de 2015 lo era para un 79,15%, cuando la
corrupción y el fraude se situaban en segundo lugar en la consideración de los problemas
para un 31,3% de los españoles en octubre de 2013 y en diciembre de 2015 tiene esta misma
consideración para un 38,8%; en tercer lugar se encuentra la valoración de los problemas
de índole económica –con un 32,7% y un 24,4% respectivamente–.
3 Que pueden consultarse en la web del propio Centro de Investigaciones Sociológicas:
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/indicadores
4 Ver
OCDE (2009, p. 17).
5 Como, sin embargo se afirma en relación a Italia, en el discurso del Presidente de la Corte dei
Conti en la inauguración del año judicial 2013; tomo la referencia de G. M. RACCA (2015).
6 M.
VILLORIA. Hacia una comprensión de la corrupción en España. Working paper 1/2014.
Transjus: Universidad de Barcelona.
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