La restitución de la tierra y la prevención del desplazamiento forzado en Colombia
| Autor | Felipe Gómez-Isa |
| Cargo | Universidad de Deusto, Bilbao, España |
| Páginas | 11-58 |
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El conflicto armado interno que lleva desangrando a Colombia desde mediados del siglo XX se caracteriza por la generación de más de tres millones de desplazados internos, con dramáticas consecuencias desde el punto de vista humanitario y desde la óptica de la protección de todos sus derechos. A menudo, las razones últimas que explican el desplazamiento forzado descansan en una dinámica perversa de apropiación y de control territorial con fines tanto estratégico-militares como puramente económicos. Los estándares jurídicos de orden interno y de orden internacional establecen el derecho de las víctimas a la restitución de sus tierras y sus viviendas como el "medio preferente" de reparación en casos de desplazamiento, algo que se considera fundamental para poder garantizar el retorno de la población en situación de desplazamiento. Desgraciadamente, la justicia restitutiva y el enfoque de derechos no constituyen el eje central de las políticas públicas de atención al desplazamiento ni del Gobierno colombiano ni de las diversas instituciones internacionales que trabajan en Colombia, que siguen privilegiando un enfoque asistencial y de mera emergencia humanitaria.
El propósito de este artículo es, tras un somero análisis de la realidad del despojo territorial y de las dificultades a las que se enfrenta su superación, analizar los estándares jurídicos aplicables en la búsqueda de una garantía efectiva del derecho a la restitución de tierras y territorios y del derecho al retorno a sus lugares de origen de la población desplazada. Una vez vistos los principales desarrollos jurídicos y jurisprudenciales al respecto, tratamos de avanzar alguna propuesta para la superación del despojo y para el establecimiento de garantías de no repetición. En este sentido, cualquier política integral de reparación a las víctimas debe pasar, necesariamente, por la reversión del despojo territorial que se ha producido en Colombia al amparo del conflicto armado interno. La restitución de propiedades y el retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad de la población en situación de desplazamiento se convertirían así en uno de los instrumentos más poderosos para la prevención del desplazamiento forzado.
Al igual que ha ocurrido en otros conflictos como en el de Israel y Palestina, Kosovo, Chipre, Guatemala o en el de Bosnia-Herzegovina,1 por citar tan
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sólo algunos de los casos más relevantes, el conflicto armado en Colombia tiene una innegable dimensión de apropiación y control territorial, con una estrategia sistemática y generalizada por parte de los diversos actores armados, incluyendo al poderoso narcotráfico, de utilización del desplazamiento forzado de la población para culminar procesos de "limpieza territorial".2 Ello ha conducido al desplazamiento forzoso, al abandono de tierras y propiedades y, en un gran número de casos, a procesos de apropiación y despojo de dichos bienes a miles de campesinos y a comunidades indígenas y afrodescendientes, en lo que puede denominarse como un auténtico "proceso de desterritoriali-zación, no sólo en términos geográficos sino también culturales, políticos y especialmente jurídicos".3 Para el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el despojo se puede definir como "el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos económicos, sociales y culturales".4
Según los datos aportados por la Segunda Encuesta Nacional de Verificación de la Situación de la Población Desplazada, llevada a cabo en 2008, el 91,3% de los grupos familiares de población desplazada inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) manifiesta haber dejado abandonado algún tipo de bien (tierras, bienes raíces no rurales, animales, muebles de hogar, etc.). En la misma línea, un porcentaje significativo de los desplazados, el 52,2%, sufrió el despojo de sus tierras o fue forzado a dejarlas abandonadas como consecuencia del desplazamiento. Lo que estos datos ponen claramente sobre la mesa es que el problema de la propiedad de la tierra se encuentra en el centro neurálgico del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia.5
Además de las dramáticas consecuencias que ello tiene para las personas y las comunidades que resultan desplazadas, con la consiguiente pérdida
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del tejido social y del tejido productivo y de subsistencia,6 otro de los efectos de esta política de control territorial ha sido un acelerado proceso de concentración de la propiedad agraria, algo que resulta una constante en la historia del conflicto armado en Colombia.7 A este respecto, Darío Fajardo ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre el desplazamiento forzoso, la apropiación de propiedades por parte de actores armados, la concentración de la propiedad, y el éxodo y acelerado empobrecimiento de los pequeños campesinos.8 Los datos revelan que aquellos departamentos con mayores índices de desplazamiento son los que actualmente soportan un mayor grado de concentración de la propiedad en manos de terratenientes, narcotraficantes y en manos de esas "empresas armadas de conquista territorial" en que se convirtieron los grupos paramilitares, por utilizar la expresión acuñada por Alejandro Reyes.9 En este sentido, estamos asistiendo a un proceso de despojo territorial que está contribuyendo a aumentar la deuda histórica que tiene el país con millones de campesinos por una reforma agraria inconclusa desde que se formulara en 1961, pero que sigue siendo más necesaria que nunca.10 A pesar de que no existen datos completamente fiables y definitivos acerca de la magnitud real del despojo territorial, éste oscilaría entre los cuatro millones de hectáreas que señala el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA),11 los 5,5 millones a los que se refiere la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento,12 los 6,8 millones
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de hectáreas que reconoce la agencia gubernamental Acción Social,13 o los diez millones de hectáreas a los que llega el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice).14 En todo caso, nos encontramos ante unas cifras que alcanzan cotas muy elevadas y que nos permiten hablar de una guerra por el control territorial que ha conducido a una auténtica contrarreforma agraria en el país.15
Las modalidades de despojo han ido adoptando formas cada vez más elaboradas y más sofisticadas, combinando, por lo general, la utilización de la violencia y las amenazas con el uso de los instrumentos jurídicos que el derecho civil pone en manos de los operadores jurídicos en materia de transferencia del derecho de propiedad. En este sentido, el papel desempeñado por los sistemas de registro y notariado, por los responsables del catastro o por los funcionarios del poder judicial, ha facilitado enormemente, en ocasiones consciente y en ocasiones inconscientemente, el proceso de ocupación y adquisición fraudulenta de una gran parte de las propiedades de la población desplazada. Todo ello ha tenido lugar en un contexto de una enorme debilidad institucional en amplias regiones de Colombia en las que el Estado no es más que una mera abstracción, lo que ha favorecido los intereses de nuevas élites locales que han ido emergiendo de la mano de dinámicas políticas y económicas asociadas al conflicto.16 Es en este contexto en el que el desplazamiento y el despojo, además de ser estrategias asociadas al conflicto, se han convertido en estrategias vinculadas con la consecución de determinadas transformaciones políticas, económicas y de desarrollo en el país,17 como veremos en el próximo apartado.
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En lo que concierne a las formas mediante las cuales se ha efectuado el despojo, éstas varían notablemente de un lugar a otro en función de las circunstancias locales, pero se pueden observar varias categorías.18 En primer lugar, están las compraventas de carácter irregular que ocurren utilizando la fuerza o la coacción, el dolo, la inducción a error o cuando el intercambio se produce a un precio alejado excesivamente del valor de mercado. En segundo lugar, se encuentran las transferencias de dominio de carácter judicial que se producen cuando, por ejemplo, un poseedor se convierte ilegalmente en propietario por decisión judicial, cuando acontece un proceso ejecutivo que tiene como consecuencia que los acreedores se queden con las tierras, o cuando, por...
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