El ambiente y los servidores públicos. Una aproximación desde la responsabilidad y la gestión pública
| Autor | Luis Adolfo Diazgranados Quimbaya |
| Cargo del Autor | Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral y Seguridad Social, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario |
| Páginas | 89-109 |
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El ambiente y los servidores públicos
Una aproximación desde la responsabilidad y la gestión pública
Luis Adolfo Diazgranados Quimbaya*
Introducción
El derecho ambiental obedece a la necesidad de la sociedad de generar un
ámbito de protección de índole jurídico a los recursos naturales a n de pro-
mover su conservación y uso sostenible; de ahí que, para la consecución de
dicho objetivo, resulte imprescindible la actuación de las entidades públicas
y sus agentes.
Una de las previsiones constitucionales establecidas es el derecho de las
personas a gozar de un ambiente sano y la responsabilidad del Estado de pro-
tegerlo y garantizarlo.1 Este derecho, clasicado como colectivo, forma parte
de los denominados derechos de la tercera generación. Estos últimos supe-
ran la noción subjetiva de los derechos, por cuanto su titularidad se otorga a
toda la comunidad,2 y ponen de maniesto la necesaria injerencia y observancia
que deben tener los entes y servidores públicos con el n de garantizar este
mandato superior.
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral y Seguridad Social, Uni-
versidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesor del Área de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la misma Universidad. Gerente jurídico y de servicios, Corporación para el
Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS).
1 Colombia, Constitución Política de 1991, Art. 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. (…) Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos nes”.
2 Óscar Darío Amaya Navas. La Constitución ecológica de Colombia. Bogotá: Editorial Universidad
Externado de Colombia, 2008, p. 163.
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El ambiente y los servidores públicos
En consecuencia, el derecho ambiental se convierte en un presupuesto
fundamental para el respeto de otros, como el derecho a la vida y el derecho a
la salud. Por esta importancia, es evidente que en el ordenamiento jurídico
existen múltiples disposiciones legales que de una u otra forma regulan el am-
biente, pero desde la perspectiva de la protección y uso sostenible del bien
jurídico tutelado, dejando de lado aquellas previsiones normativas que regulan
la responsabilidad y gestión de los servidores públicos frente al ejercicio de
sus competencias ambientales, lo cual puede signicar un vacío frente a otro
ámbito de protección del derecho ambiental.
Por consiguiente, si una de las nalidades del derecho ambiental, tal vez la
más importante, viene a ser la garantía a la salud y bienestar de las personas,3
este debe estar en comunión con aquellas previsiones administrativas que
permitan exigir de la gestión de los servidores y las entidades públicas no solo
la plena observancia de los postulados e instituciones del derecho ambiental,
sino también un control frente a la gestión de particulares y de otros entes
públicos, lo cual, como consecuencia lógica, debe suponer sanciones legales
para aquel que incumpla tales disposiciones y afecte directamente al ambien-
te. Bajo este entendido, es viable pensar en sanciones particulares o propias
del nivel administrativo laboral para los servidores o entidades públicas que
afecten directamente al ambiente, bien sea por una actuación u omisión, cul-
posa o dolosa.
Por lo anterior, y desde la perspectiva de la responsabilidad de los servi-
dores públicos, se deben prever mecanismos legales que permitan controlar
este tipo de conductas a partir de su gestión y que en caso de desconocimiento
se genere el tipo de responsabilidad pertinente. Hay que resaltar que las nor-
mas ambientales tienen un espectro claro y denido; por tanto, es necesario
analizar si desde la perspectiva del derecho administrativo laboral es factible
complementar este tipo de normas, a efectos de generar un control efectivo
que permita mayor protección al ambiente desde la competencia de las enti-
dades públicas y sus agentes.
Vale advertir que el papel del ordenamiento jurídico ambiental, con re-
lación a los servidores públicos, resulta escaso, especialmente para aquellos
asuntos de indebida gestión que representen responsabilidad para estos fun-
3 Art. 1.º Ley 9 de 1979: “(...) Parágrafo. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por
condiciones sanitarias de ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana”.
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