Las tensiones constitucionales enfrentadas a la integración y a la necesaria protección de la diversidad
| Autor | Alejandro Venegas Franco |
| Cargo del Autor | Abogado, Universidad del Rosario |
| Páginas | 237-253 |
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Las tensiones constitucionales enfrentadas a la
integración y a la necesaria protección
de la diversidad*
Sumario
Introducción. El juez constitucional frente a las tensiones entre los derechos de liber-
tad y los derechos económicos y sociales: decisiones constitucionales paradigmáticas.
Entre la protección del derecho al trabajo y la garantía de la libertad contractual (caso
Terpel. Sentencia T-375 de 1997). Entre la protección del derecho a la igualdad
de los grupos especialmente protegidos y la garantía de la autonomía privada
para elegir los riesgos contractuales (Caso La Previsora. Sentencia Tt-1118 de 2002).
Entre la protección de la libertad de cultos y el derecho al trabajo y la garantía del
empresario para denir la organización interna de su empresa (Caso Cafamaz. Sen-
tencia T-982 de 2001). Entre la protección del derecho constitucional a la vivienda
digna y la autonomía de los establecimientos nancieros para denir las condiciones
de los contratos de mutuo (Caso UVR. Sentencia C-955 de 2000). Criterios consti-
tucionales para analizar los derechos de libertad y los derechos sociales económicos.
Primera pauta interpretativa: los derechos constitucionales son tan importantes que
su restricción excesiva o su protección deciente no es jurídicamente admisible.
Segunda pauta interpretativa: las libertades económicas esenciales para el liberalismo
económico son instrumentos susceptibles de emplearse en orden a garantizar las
exigencias propias del Estado Social. Tercera pauta interpretativa: la interven-
ción e statal en las libertades económicas se encuentra justicada a n de e vitar una
deciente realización de los derechos sociales y económicos. Las implicaciones de las
tensiones constitucionales en un contexto de integración. Los procesos de integración
y el constitucionalismo social. Breve referencia a la protección de la identicación de
las naciones: Un problema que exige revaluar la protección jurídica de las creaciones
humanas. Conclusiones.
* Publicado en Constitución e Integración, Editorial Universidad del Rosario, Banco Interamericano
de Desarrollo y Asociación Andrés Bello, 2006.
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Temas de derecho de seguros
Introducción
El nacimiento del Estado Social, como categoría política y jurídica de inocul-
table relevancia para el Derecho en general y para el Derecho Constitucional
en particular, ha supuesto la materialización de interesantes y complejas ten-
siones relacionadas con el papel del Estado en orden a garantizar las exigencias
de igualdad sustancial que se adscriben a tal concepto.
Sin lugar a dudas, la solución de las tensiones mencionadas se proyecta
con un nivel de dicultad mayor si se consideran (i) el contexto económico
y social decitario de los países que, como Colombia, carecen de un nivel de
desarrollo avanzado y (ii) el impulso de los procesos de integración económi-
ca actualmente en curso. Con ello se trata de insinuar que, posiblemente y
por vía de ejemplo, en algunos de los Estados de Europa Occidental, donde
se ha acogido tal fórmula política, las limitaciones para su desarrollo no han
resultado excesivas, debido a que éste se soporta en estructuras económicas
dotadas de mayor solidez.
En todo caso, sin lugar a dudas, una de las tensiones más signicativas
formuladas en este contexto podría sintetizarse en las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de restricciones pueden imponerse a la libertad económica, y en
general a la iniciativa privada, a efectos de garantizar en la mayor medida
posible la realización de los derechos sociales y económicos? O, en otras pa-
labras, y en caso de ser posible, ¿en qué medida imponer limitaciones a la
competencia económica, con fundamento en la necesidad de garantizar los
derechos sociales y económicos?
En diferentes términos, de lo que se trata es de denir hasta qué punto y a
través de qué medios resulta posible la intervención del Estado en las actividades
de los particulares, con la nalidad de obtener un nivel de satisfacción plausi-
ble de las necesidades mínimas o básicas de los ciudadanos. Esta cuestión se
anuda, al mismo tiempo, con el tópico referido a las limitaciones admisibles
del derecho a la propiedad privada a la luz de la función social y ecológica,
que a ella le ha sido atribuida en los últimos tiempos.
En tal dirección puede constatarse la existencia de una tensión que ad-
quiere importante signicación en tal contexto, una vez se verica que el deber
constitucional de los Estados de garantizar a los ciudadanos, y especialmente
a los grupos marginados o discriminados, condiciones mínimas de existencia,
puede dar lugar a la imposición de restricciones a la libre competencia. Lo
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